Reforma laboral: ¿el adiós definitivo?

Un primer decreto ha tumbado ya una cuestión especialmente polémica como era la redacción del artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores en el que se recoge el despido objetivo por bajas médicas justificadas. Aunque no es un producto directo de la reforma de Mariano Rajoy, esta modificó este artículo en contra del interés del trabajador enfermo retirando la salvaguarda que incluía como requisito para el despido el que toda la plantilla de la empresa alcanzara unos niveles de absentismo. En definitiva, la reforma allanó el camino al despido por bajas médicas, vía que a la que ya se ha dado portazo.

A partir de ahí hay que acudir al acuerdo que dio origen al Gobierno y a las declaraciones de las ministras del ámbito económico y laboral para intuir más cambios. Uno que parece claro es la recuperación de la ultraactividad indefinida en los convenios después de que la reforma de 2012 impusiera una limitación de un año a esta prórroga -inicialmente el PP fijó un límite de dos años pero en las negociaciones con Foro Asturias se acabó recortando ese plazo a la mitad-.

Esta es una cuestión vital en la negociación colectiva. Si el convenio tiene una validez indefinida hasta la firma de uno nuevo, como en principio quiere recuperar el Gobierno, la parte social tiene más margen para presionar al contar con un colchón de seguridad.

Aunque en la práctica no ha habido mayores problemas a la hora de pactar plazos de ultraactividad superiores al año, hay que recordar que en la CAV quedan todavía una veintena de convenios sectoriales que, además de llevar años congelados, se han quedado sin efecto legal precisamente por este motivo.

el sector, blindado Como tercer cambio urgente, PSOE y Podemos acordaron devolver al convenio de sector su condición de paraguas de seguridad. Es decir, en la empresa se podrá negociar al alza, pero nunca a la baja. Hay que recordar que la inmensa mayoría de pequeñas empresas no disponen de músculo sindical como para abordar una negociación propia, por lo que volver a blindar el sector como mínimo básico tendría un efecto positivo en las condiciones laborales de miles de trabajadores.

Dentro de las medidas consideradas urgentes, el acuerdo PSOE-Podemos incluye tres más. Dos de ellas tienen que ver con el sistema de inaplicación de condiciones de trabajo, tanto a nivel colectivo -el descuelgue del convenio- como individuales. El PP puso la alfombra roja a ambas posibilidades en aras de una mayor flexibilidad y capacidad de adaptación de las empresas.

Para ello, introdujo una serie de supuestos en los que la empresa podría modificar a la baja aspectos básicos de la relación laboral como el salario. En concreto, la reforma de 2012 abrió la puerta a tocar salarios, jornada u horarios cuando la empresa sumara dos trimestres consecutivos de descensos de ventas o ingresos. Aunque la ley establece un periodo de consultas con la parte sindical, el hecho es que la propia reforma tasa de forma muy clara los supuestos en los que los ajustes están permitidos.

Este fue uno de los cambios más protestado por los sindicatos, que a partir de 2012 han visto limitada su capacidad de acción también por la vía del arbitraje obligatorio. Y es que la reforma introdujo, para supuestos de conflicto en casos como los descuelgues, un mecanismo de resolución externo cuyo veredicto es vinculante a todos los efectos. Los sindicatos vieron aquí un grave ataque a su poder de negociación, aunque en la práctica este órgano de arbitraje -el Orpricce en el caso de la CAV- ha tenido poco trabajo.

"Limitaremos la capacidad de modificación unilateral de condiciones del contrato. Revisaremos el mecanismo de inaplicación de los convenios, orientando el descuelgue a causas económicas graves", reza el documento suscrito por socialistas y morados. Queda claro que la intención del Ejecutivo es meter mano a este asunto, aunque la redacción es tan amplia que deja abiertas muchas incógnitas.

El primer bloque de medidas urgentes acordadas por el Gobierno de coalición incluye la "limitación" de la subcontratación. No es un asunto que haga referencia directa a la reforma de 2012 -esta es una materia recogida en el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores- pero puede tener un gran impacto en las relaciones laborales. De hecho, desde el ámbito empresarial ya se insiste en que no habrá pacto social que les obligue a renunciar al modelo actual.

En principio el objetivo es igualar las condiciones de los trabajadores de subcontratas con las de la empresa principal, aunque aquí también hay todo un abanico de posibilidades. Como reconoce la propia CEOE, la tendencia en los últimos años ha sido a desplazar carga de trabajo fuera de la empresa principal, por lo que la medida afectaría al propio corazón del sistema. Algunos cálculos estiman en un sobrecoste medio del 40% para las subcontratas, que se entiende intentarían repercutir el gasto a la empresa principal, que por su parte vería mermada la capacidad de ahorro.

el despido, una incógnita Más allá de la supresión del despido objetivo por bajas médicas se ha avanzado poco sobre cómo quedará el sistema de indemnizaciones. De momento no se ha dicho nada del coste del despido improcedente, que bajó en 2012 de 45 días por año trabajado con un tope de 42 pagas a 33 días con un máximo 24 mensualidades, por lo que se entiende que el cambio de mantiene.

Respecto al despido procedente, cuyo coste se bajó a 20 días por año y un máximo de 12 pagas, sí se recoge en el acuerdo de Gobierno que se plantea "revisar las causas de despido", en referencia a las posibilidades de despedir con el mínimo de 20 días, "para hacer más precisa la definición de las causas económicas, técnicas, organizativas o de producción". Más allá de la poca concreción, es significativo que la actual vicepresidenta de Asuntos Económicos, la socialista Nadia Calviño, ya declaró en la anterior etapa de Gobierno monocolor que la indemnización de 20 días por año no le parece "particularmente baja" en relación al resto de Europa.

En cuanto a los despidos colectivos, el Gobierno de Rajoy suprimió la necesidad de que la administración analizara y diera su visto bueno a los ERE. El hecho de que la autoridad laboral -bien el Ministerio de Trabajo o, en Euskadi, el departamento del ramo- pudiera paralizar un expediente suponía, en la práctica, que la empresa estaba forzada a buscar el respaldo sindical. Ahora, para intentar tumbar un ERE los sindicatos solo pueden acudir al juez. PSOE y Podemos acuerdan "reforzar" el papel tanto de la Inspección como de la autoridad laboral en estos casos, pero no aclaran si esto supone que su no aprobación paralizará el proceso.

En cuanto a la contratación, se plantea "revisar" y "limitar" los contratos de prácticas y los becarios, "simplificar y reordenar" el conglomerado de formas contractuales o incentivar el uso del contrato fijo discontinuo. También se plantea reforzar las inspecciones para hacer aflorar los contratos temporales fraudulento y el abuso en los empleos de media jornada. La temporalidad y los contratos parciales se han disparado desde la reforma de 2012.

SMI, primer gran pacto social. Entre las primeras medidas de corte social del Gobierno PSOE-Podemos hay que resaltar la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 950 euros en 14 pagas, lo que da un total de 13.300 euros al año. El incremento, del 5,5% en relación al SMI de 2019, contó con el aval de sindicatos y patronal española, lo que le permitió al Ejecutivo lanzar una imagen de consenso social. CCOO y UGT valoraron muy positivamente la medida, mientras que desde las asociaciones empresariales se valoró como un mal menor una vez se había anunciado previamente como objetivo la cifra de 1.000 euros.

La reforma del PP allanó el camino al despido por bajas médicas justificadas, una posibilidad que el nuevo Gobierno ya ha anulado

Entre los cambios prioritarios estarían la recuperación del sector como mínimo al fijar las condiciones o la ampliación de la prórroga del convenio