Crecimiento y empleo son factores troncales para la salud económica. Sin crecimiento no hay creación de empleo. Sin empleo no incrementa el consumo. Sin consumo no hay crecimiento. Cerrado el círculo, sólo cabe esperar un diagnóstico realista con el presente y medidas eficientes en el futuro. Claro que el presente está marcado por la sombra de una nueva recesión en Europa, bien sea por deficiencias internas o por influencias externas, cuando las heridas de la anterior crisis no han cicatrizado todavía, especialmente en lo referente a la creación de empleo digno. Este es un panorama advertido por muchos organismos y, desgraciadamente, por pocos políticos, el futuro más inmediato está marcado por el 10-N.

Conocidos y temidos los peligros que se anuncian en el horizonte, los responsables de la gobernanza debieran cuidar con esmero la eficacia de sus decisiones a la hora de asignar los recursos públicos y la buena orientación de los mismos para que sean eficientes y proporcionales con las previsiones. Una de las mejores herramientas reside en los Presupuestos o cuentas públicas de cada ejercicio porque mide la eficiencia, por un lado, en la distribución de los bienes y servicios de financiación pública según las necesidades derivadas del estado de salud económica y, por otro, reflejarán la mayor o menor utilidad o eficacia obtenida de esa distribución.

Y dado que el espacio para este artículo es limitado, como también lo son los recursos públicos, digamos que el Banco Central Europea avisaba hace unas semanas de la fragilidad de la economía española y de la imposibilidad de subir gastos o bajar impuestos. La Comisión Europea, por su parte, advertía esta misma semana al Gobierno español que su plan presupuestario para 2020 conlleva un “riesgo importante” de desviarse del ajuste fiscal que exige Bruselas. En parecidos términos se expresaba la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal española (Airef), el organismo independiente que valora las previsiones que acompañan al proyecto de presupuestos y que estima como “prudentes” las cuentas públicas vascas.

Pongamos, aunque sea brevemente, el acento en algunos aspectos de los Presupuestos vascos. Sobre el papel, el Gobierno presidido por Urkullu cuenta con 10 millones de euros menos que los de 2019 que, como se sabe, no vieron la luz parlamentaria. Pese al descenso de recursos, la capacidad de gasto e inversión aumenta en 300 millones de euros como consecuencia del superávit que reflejan las cuentas públicas desde 2017 que permite un fuerte recorte de la carga financiera derivada de la deuda tras la amortización anticipada de 473 millones de euros.

También son destacables el enfoque de género y la Euskadi sostenible. El primero trata de “reducir la brecha salarial, combatir la violencia contra las mujeres y trabajar en pro de la igualdad”. Para ello, contará con 1.236 millones de euros (10,5% del presupuesto). El segundo aspira a ser coherente con la Declaración de Emergencia Climática aprobada el pasado 30 de julio y contará con un presupuesto de 540 millones de euros.

Claro que, no debemos olvidar que estamos a menos de dos semanas para el 10-N. Dos semanas en las que las promesas electorales para acercar un puñado de voto nos alejarán del debate realmente importante, el factor esencial, que es, sin duda, el relacionado con el estado de bienestar. Los buenos datos que, por el momento, arroja la economía vasca y las previsiones presupuestarias pueden quedar adulteradas, ahora, por el electoralismo ante el 10-N y, después, por las elecciones autonómicas vascas del próximo año.

Pedro Azpiazu, el consejero vasco, avisa que tanto el consumo privado como la inversión perderán algo de intensidad a medida que transcurran los trimestres, pero dudo mucho que sus postulados lleguen a buen puerto, pero tiene un duro trabajo por delante para evitar ese cóctel explosivo que se forma entre un debate presupuestario y una tormenta electoralista.