Descubierto un fraude de cobro de pensiones de personas fallecidas

MADRID - La Policía Nacional, en colaboración con la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, ha destapado un fraude de casi 6 millones de euros en el cobro indebido de pensiones de personas fallecidas en diez comunidades autónomas en una operación en la que han sido arrestados nueve implicados.

Se han identificado a un total de 46 personas en diez comunidades autónomas como responsables de 53 delitos de falsedad documental, estafa y apropiación indebida. De ellas, nueve han sido arrestadas, según informa en un comunicado la Dirección General de la Policía.

La mayoría de los implicados eran familiares de las personas fallecidas pero en ocasiones también amigos que ocultaban la muerte del pensionista a la administración pública falsificando el certificado de fé de vida y estado e incluso la propia firma del difunto.

En un caso, uno de los presuntos defraudadores llegó a cobrar más de 129.200 euros durante 18 años (de 1999 a 2017). Para obtener el dinero, se hacía pasar por un nonagenario aprovechando su parecido físico con el fallecido y hasta llegó a disfrazarse con ropa de persona mayor y a utilizar un andador.

También solían falsificar los documentos mercantiles o usurpaban la identidad del familiar fallecido para usar sus tarjetas de crédito e incluso llegaron a hacer creer que el difunto vivía en el extranjero. De este modo, tenían vía libre para realizar reintegros en efectivo. Y para no ser descubiertos en su entorno más cercano engañaban sobre la procedencia de los fondos que manejaban.

La investigación comenzó a raíz de varias denuncias en diferentes puntos del país sobre posibles fraudes a la Seguridad Social.

Con las primeras pesquisas, los agentes pronto averiguaron que eran familiares o amigos de pensionistas fallecidos y descubrieron casos similares en 17 provincias por todo el Estado español, -A Coruña, Albacete, Alicante, Barcelona, Burgos, Cádiz, Las Palmas, Madrid, Málaga, Murcia, Ourense, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Tarragona, Valladolid y Bizkaia-. Generalmente, los presuntos defraudadores solían alegar el desconocimiento del abono de las prestaciones. - Efe