madrid - Los partidos políticos organizados en torno al denominado Pacto de Toledo aprobaron ayer que las pensiones públicas en el Estado español se vuelvan a revalorizar en torno a la evolución del IPC con lo que ponen fin a uno de los puntos claves de la reforma del PP de Mariano Rajoy, para recortar el crecimiento del gasto en pensiones en los próximos años. Así las pensiones subirán el 1,6% este año, o más si la inflación supera esa cifra como ocurre a fecha de hoy, y el IPC en 2019.
La decisión de ayer supone una victoria para el colectivo de pensionistas fruto del éxito de las manifestaciones de los jubilados por las calles del Estado, con especial incidencia en Euskadi, en defensa de unas pensiones dignas y del mantenimiento del poder adquisitivo de las mismas.
En vísperas de año electoral, la fuerza de un colectivo de nueve millones de pensionistas no ha pasado desapercibida para los representantes de la mayoría de los partidos políticos que han aceptado garantice el poder adquisitivo de las pensiones después de cuatro años consecutivos con una subida mínima del 0,25% que en los últimos tiempos con el alza de los precios al consumo por encima de dicha cifra suponía una pérdida de poder adquisitivo para el colectivo.
Antes del acuerdo del Pacto de Toledo de ayer, el PNV ya había conseguido en sus negociaciones sobre los Presupuestos Generales del Estado de 2018 con el anterior Ejecutivo español del PP, una subida coyuntural del 1,6% este año y el siguiente conforme a la previsión de la inflación pero ahora es el Pacto de Toledo el que da carácter estructural al mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones al respaldar el que las mismas se deberán revalorizar conforme al IPC real.
El Pacto de Toledo alcanzó ayer el primer acuerdo en su seno después de dos años de trabajo, aunque deberá ser ratificado en la próxima reunión. Curiosamente el propio PP ha dado marcha atrás a uno de los puntos claves de su reforma de pensiones.
Los grupos parlamentarios de PSOE, PP, Ciudadanos, Unidos Podemos, PDeCAT, PNV y Compromís defendieron ligar las pensiones al IPC y solo Esquerra se mostró contrario a la medida en la forma que se ha presentado.
El documento clave acordado señala que “los pensionistas son, sin duda, unos de los sectores de población más perjudicados por las variaciones crónicas -generalmente al alza- que la inflación ocasiona sobre el coste de la vida. Por esa razón la revalorización anual en base al IPC real se presenta como el mecanismo que ha de servir para conservar el poder adquisitivo de las pensiones”.
Y como temen algunos pensionistas que ayer no se acaban de creer el acuerdo, es saber cómo se determina cuál es la inflación real cada año. Hasta ahora se tomaba como referencia el dato del mes de noviembre pero la redacción deja abierta otras posibilidades como que sea la de diciembre o la media anual.
El documento pactado incluye una crítica explícita y diáfana al hecho de que “no existe consenso” en torno al Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) que entró en vigor con la reforma de 2013 del PP, lo que implica, por tanto, su derogación.
El Pacto de Toledo quiere preservar el consenso en la toma de decisiones referentes a las modificaciones del sistema público de pensiones y por ello recuerda que para cualquier desarrollo ajeno a lo escrito en esta recomendación “ha de hacerse siempre previa consulta y debate en el seno de esta comisión”.
El texto acordado incluye que la comisión considera esencial, a efectos de devolver la confianza a la ciudadanía, recuperar el consenso de la recomendación Mantenimiento del poder adquisitivo y mejora de las pensiones, aprobada en el año 2011, algo que podría llevar a interpretaciones, puesto que en esa reforma se dejó abierta la puerta a introducir otros elementos además del IPC para la revalorización como los salarios o la evolución del PIB.
El problema es definir cómo se va a pagar el aumento de la factura. No hay que olvidar que en el último mes, el gasto en pensiones ha alcanzado un nuevo récord de 9.217 millones de euros, con un porcentaje de crecimiento de un 4,8%, muy por encima del crecimiento de la economía española.
Quedan 10 años Demagogias aparte, la realidad es que tal como está configurado el sistema de pensiones español a día de hoy es difícilmente viable a medio plazo por el aumento del número de pensionistas y por el incremento del tiempo que cobran la prestación al vivir más años de media. El propio Ejecutivo español, a través del secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, reconoció que el actual sistema de la Seguridad Social no es viable a largo plazo. “El sistema tiene arreglo para los próximos 10 años, pero luego habrá que volver a pensarlo”, indicó Granado para poder hacer frente al incremento del gasto que va a suponer la llegada a la jubilación de la generación del baby boom, básicamente los nacidos en los años 60 del siglo pasado.
Y es que la llegada de este grupo de edad a la jubilación elevará de manera notable la presión sobre el sistema, ya que provocará un fuerte aumento tanto en el número de pensionistas como en su cuantía.
9.217
Millones de euros es el gasto mensual del sistema de la Seguridad Social para hacer frente al pago de la nómina de pensiones con datos de agosto. Dicha cifra supone un incremento de nada menos que el 4,8%
Pensionistas. El Estado pagó en agosto un total de 9.638.029 pensiones, un 1,1% más.
Pensión. La cuantía de la pensión media del sistema alcanza los 956 euros pero en el caso de las pensiones de jubilación supera los 1.102 euros, al mes, un salario al que no alcanzan todos.
