MADRID. La asociación de consumidores advierte en un comunicado de que el precio medio de la energía consumida hoy para los usuarios con la tarifa semirregulada (PVPC) es un 23,8% más caro que el del mismo día de 2017, cuando el kWh se situó en 14,55 céntimos (11,4422 más impuestos).
Por ello, la asociación ha solicitado una reunión con la ministra de Transición Energética y Medio Ambiente, Teresa Ribera, para exponerle sus reivindicaciones ante las "desproporcionadas" tarifas eléctricas.
Entre ellas, Facua reclama que el Gobierno amplíe la definición de "consumidor vulnerable", al que la normativa comunitaria permite proteger con tarifas bonificadas.
La asociación considera que el actual modelo de bono social resulta "incoherente e injusto", ya que por un lado acota sobremanera el número de beneficiarios estableciendo niveles de renta excesivamente bajos, y por otro permite que cualquier familia numerosa, por muy elevados que sean sus ingresos, pueda beneficiarse de él.
Asimismo, apunta al modelo de subasta en el que se establecen las tarifas en el mercado mayorista como principal responsable de la "injustificada" carestía del recibo de la luz, ya que, en su opinión, se trata de un sistema "opaco" que favorece la especulación: una subasta basada en un precio marginal que viene determinado por la última oferta en ser aceptada, es decir, la más elevada.
Además, la asociación denuncia que el modelo tarifario implantado durante el Gobierno de Mariano Rajoy no sólo ha facilitado a las compañías nuevas subidas "injustificadas", sino también un "auténtico caos" para los usuarios, ya que ahora no pueden conocer con antelación qué tarifas se les aplicarán y sus recibos pueden llegar a incluir hasta 744 precios distintos por la energía consumida -uno por cada hora incluida en el periodo de facturación-.
"Algo que hace muy difícil verificar si se producen errores o fraudes en la facturación", constata.
Facua viene denunciando que las tarifas eléctricas vulneran la legislación en materia de protección de los consumidores, ya que, en su opinión, la aplicación de una tarifa distinta cada hora es contraria a la obligación que tienen las empresas de facilitar a los usuarios información sobre sus precios con la antelación necesaria.
