DONOSTIA - El Gobierno Vasco, las diputaciones forales y los ayuntamientos vascos han concluido el informe LILE en el que, entre sus conclusiones, se recoge que los ayuntamientos disponen aún de recorrido fiscal para incrementar sus ingresos por la vía impositiva. Este documento fue entregado ayer al Consejo Vasco de Finanzas (CVF), que deberá ahora valorarlo.

La importancia del informe LILE viene determinada porque se trata del último escollo para avanzar en la elaboración de la nueva Ley de Aportaciones. En 2016, los trabajos de redacción se paralizaron por dos cuestiones. La primera de ellas, correspondiente a las desavenencias por el Cupo, ya quedó resuelta y tan solo falta la relativa a la Ley Municipal.

El informe sobre las competencias y financiación de las entidades locales finalizado y entregado ayer al CVF resuelve el segundo obstáculo, con lo que se comienza a trabajar en los contenidos de la modificación de la Ley de Aportaciones actual. Según señaló ayer el Gobierno Vasco y confirmó la Diputación de Gipuzkoa, se espera que para antes de que finalice el presente año se llegue a un acuerdo de borrador que durante el siguiente ejercicio se concretará.

El informe LILE, dado a conocer ayer por el Ejecutivo vasco, considera que los ayuntamientos de la CAV tienen la financiación adecuada para hacer frente a sus competencias. Según indican sus autores, incluso reciben más recursos que la media estatal de las entidades locales. Sin embargo, al ofrecer mayor número de servicios y asumir más funciones, equilibran esta mayor financiación. Añaden que, a pesar de que su situación financiera es la correcta para desarrollar su labor, si surgiera la necesidad de incrementar sus recursos no tendrían excesivos impedimentos porque disponen “de cierto recorrido fiscal que les permitiría incrementar su recaudación”.

En este sentido, el informe LILE admite que la presión fiscal per cápita que ejercen las entidades locales vascas es inferior a la que se ha analizado en los municipios estatales, regidos por el régimen común. Al margen del aspecto impositivo, los autores también estudian los recursos que reciben de otras instituciones como son las diputaciones forales o el propio Gobierno Vasco. En este aspecto, advierten de que cada territorio histórico de la CAV destina porcentajes diferentes de los recursos a estas entidades. Si bien consideran que estas cifras cumplen “siempre” el nivel mínimo recomendado por la actual Ley de Aportaciones, aconsejan que en la futura se establezcan porcentajes “idénticos” a fin de que toda la CAV comparta los mismos criterios.