BILBAO - Iberdrola espera cerrar el presente ejercicio de 2018 con un beneficio bruto de explotación (ebitda) superior a los 9.000 millones de euros, un 20% superior al del año pasado, de forma que el beneficio neto “se sitúe cerca de los 3.000 millones de euros”, lo que supondría un 7% más que los 2.804 millones ganados en 2017. Esta fue la buena noticia que adelantó Ignacio Galán a los inversores de la eléctrica en el transcurso de la junta general de accionistas celebrada ayer en el Palacio Euskaduna de Bilbao, con menos boato que la edición precedente pero con un colectivo accionarial muy satisfecho por los buenos datos de la evolución de la compañía en un año atípico y adverso en el que el negocio internacional salvó el mal año en España donde la sequía hizo que el beneficio cayese un 30%.
El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, afirmó que a la vista del inicio de 2018, con una hidraulicidad habitual y normalidad regulatoria en los principales mercados, incluidas revisiones tarifarias en Estados Unidos y Brasil, “podemos ser optimistas respecto a la evolución del resultado de la compañía”.
Galán, que fue interrumpido media docena de veces por los aplausos de los accionistas, también halagó los oídos de los inversores al ratificar que sus previsiones contemplan, tras repartir un dividendo de 0,323 euros este año, “incrementar el dividendo por acción hasta los 0,4 euros en 2022 y repartir un dividendo total de 2.500 millones de euros entre todos ustedes”. Los accionistas, según señaló un inversor jubilado, celebraron que el dividendo correspondiente a 2017 creciese un 4,2% cuando las pensiones solo han subido un 0,25%.
En el caso concreto de 2018, de confirmarse los resultados avanzados por Galán en la junta, Iberdrola marcará un hito histórico. El crecimiento del 20% en el Ebitda será un récord anual. Y alcanzar la cota de los 3.000 millones de euros en el beneficio neto sería el más alto alcanzado hasta ahora por Iberdrola en su historia.
Como se recordará en 2008, la eléctrica alcanzó un récord en el beneficio neto cuando llegó a los 2.861 millones de euros. Pero a partir de ahí, debido a la crisis económica en España, que también afectó a otras compañías, empezó a caer.
El discurso de Galán en la junta se centró en el nuevo plan estratégico para el periodo 2018-2022, que prevé reforzar las inversiones y la retribución al accionista. La nueva hoja de ruta contempla invertir 32.000 millones de euros hasta 2022. Para ese año, el grupo eléctrico vasco aspira a alcanzar un beneficio neto de entre 3.500 y 3.700 millones, con un resultado bruto de unos 11.500 -12.000 millones.
El máximo responsable de Iberdrola, que a sus 67 años de edad ya ha comunicado a los grandes inversores que estaría dispuesto a seguir un nuevo mandato como presidente, analizó los cambios que se avecinan en el sector energético y afirmó que continuará en los próximos años “su proceso de transformación”, ligado a la descarbonización. El citado proceso “llevará a una mayor electrificación de la economía”, que supondrá, según la AIE, “un aumento del 60% en el consumo de electricidad en los próximos 20 años”.
Esta realidad, según Galán, abrirá nuevas oportunidades de negocio a la compañía porque para satisfacer esa demanda creciente “será imprescindible el desarrollo de más fuentes de generación renovable y más infraestructuras de red” siendo necesarias inversiones de 20 billones de euros hasta el año 2040.
“Estas tendencias vienen a constatar el acierto de nuestro modelo de negocio, que llevamos desarrollando durante las últimas dos décadas”, señaló Galán, quien apuntó que Iberdrola es hoy un “referente a nivel global en la lucha contra el cambio climático”. “Un empeño que no constituye un imperativo moral, sino que también ha sido, y sigue siendo, una oportunidad de negocio”.
En la junta intervinieron 13 accionistas que le interpelaron sobre temas tan diversos como el cierre de la nuclear de Garoña, el papel de la mujer en la empresa o la incidencia de la salida del Reino Unido de la UE.
En este sentido, Galán señaló que el Brexit tendrá “unos efectos mínimos” para el grupo, que opera en Reino Unido a través de su filial Scottish Power. “El negocio en Reino Unido es en su mayor parte regulado, por tanto las consecuencias para nosotros son las derivadas de un mejor o peor comportamiento por el crecimiento del económico del país”, afirmó.
