El Parlamento Vasco ha concluido su fase de audiencias, debate y preparación de posiciones de grupo para avanzar en el autogobierno y modificar su estatus político. Hemos tenido la oportunidad de conocer las propuestas posicionales de los partidos, de tal forma que, conforme a la metodología aprobada en el seno de la Comisión de Autogobierno del Parlamento, en una próxima fase, con apoyo externo especializado, se procederá a la redacción de un texto articulado para su posterior debate en este larguísimo camino hacia una potencial reforma estatutaria o hacia otra relación política.
Es de destacar un elemento de extraordinaria importancia que, si bien se reivindica o señala, se presenta escasamente desarrollado: la apuesta por nuevas políticas sociales (prevención, protección, servicios y seguridad social), pero que, de una u otra forma, todos parecen sugerir. No obstante, si bien nadie parece cuestionar la necesidad de abordar cambios sustanciales en el actual entramado jurídico, instrumental y objetivo que determina las políticas sociales y su aplicación, la práctica real de quienes han tenido o tienen responsabilidades de gobierno, de dirección sindical, de intervención de una u otra manera en el determinante de dichas políticas difieren de tal manera que la “etiqueta social” parecería evaporarse y alejarse de su responsabilidad y compromiso. Ni qué decir que, además, ya las primeras descalificaciones a las posiciones defendidas por algunos (en especial el nacionalismo vasco) en este camino hacia un nuevo estatus, ha generado reacciones críticas y descalificadoras en torno a un simplista discurso centralista y conservador (incluidos partidos y sindicatos de supuesta orientación de izquierdas y de historia social), encerrándose en torno a la siempre manida (equívoca e inexistente) “caja única” de la Seguridad Social o alarmando con noticas y datos falsos (la era de las fake news) en torno a déficits impagables e incompetencia gestora (como si lo hecho bajo la cúpula centralizada hubiera ofrecido resultados exitosos).
Un compromiso amparado en el entramado legal y competencial ya vigente, tanto en la Constitución española, como en el Estatuto de Gernika, incumplidos de manera unilateral por los sucesivos gobiernos españoles y sobre los que ningún tribunal o cuerpos del Estado se ha preocupado de tomar iniciativa alguna, ahora que parecería ponerse de moda “el cumplimiento íntegro de la legalidad”. Un compromiso alineado asimismo con las recomendaciones, políticas y líneas de acción recogidas en el Libro Blanco 2012 de la Unión Europea sobre la Seguridad Social para Europa; con la Agenda para unas Pensiones adecuadas, seguras y sostenibles; con el Informe Envejecimiento 2012; con la Adecuación de las Pensiones en la UE 2010-2050 y la Estrategia Europea 2020 como referentes en el ámbito desde el que se impulsa una política de orientación y coordinación de esfuerzos para afrontar el reto del envejecimiento y su impacto sobre los Sistemas de Protección Social. No son quimeras, que dirían algunos, sino realidades observables. Más aún desde la legitimidad y credibilidad que otorga la experiencia vasca a lo largo de estos 35 años, con iniciativas diferenciadas aplicadas en Euskadi y el análisis comparado en torno a la desigualdad y la pobreza que nos afectan, así como una concepción amplia de la prosperidad y el bienestar.
Abordar este tipo de propuestas es un ejercicio de realismo y compromiso siendo conocedores del déficit público del Estado, del agotamiento de sus reservas y de la necesidad de nuevos esquemas de financiación y de la inoperancia de los instrumentos fallidos en la gestión del desempleo, de la integración de pensiones complementarias no contributivas, de malas praxis en los diferentes modelos de subsidios y ayudas, de una no financiada ley de dependencia y, por supuesto, conocedores de los nuevos retos que para hacer, en verdad, sostenible una Sociedad del Bienestar en el futuro suponen el envejecimiento, los fenómenos demográficos, la empleabilidad, el estado de confort relativo existente, las crecientes demandas sociales, las multipatologías y cronicidad y la transformación de las estructuras familiares, por citar algunas claves relevantes. Todo ello exige nuevas ideas y conceptos, nuevos sistemas de seguridad y protección social, nuevos modelos de pensiones, nuevas arquitecturas fiscales menos asociadas exclusivamente a la renta y, por supuesto, nuevos modelos de gestión. Para ocuparse de los problemas reales de los ciudadanos es imprescindible dotarse de un nuevo estatus político. Esto sí es autogobierno. Y se propone a partir de una posición de partida diferencial positiva, conscientes de los nuevos cambios estructurales, económicos y sociales.
En este punto, merecería la pena sugerir que, en convergencia con la modificación estatutaria, se pueden y deben seguir “generando estructuras de Estado propias” y avanzar, desde la rica experiencia y plataforma existente en el país, para incorporar un debate abierto con conceptos como renta universal, desvinculación de subsidio-empleo-renta, reformulación del derecho subjetivo que lo ampare y adecuación de principios, conceptos, recursos, instrumentos, competencias, servicios y su financiación como pilar esencial de un deseado Estado Social de Bienestar.
Y, por supuesto, en este camino realista hacia la utopía, es necesario esforzarnos en dotar de contenidos reales (y ambiciosos) las declaraciones de principios contenidos en el reclamo de autogobierno ya mencionado. ¿Hay espacio posible para avanzar hacia el verdadero autogobierno, en un nuevo estatus deseado?
Hoy, casi cinco meses después de la consulta catalana del 1-O, asistimos a una especie de mundo bizarro en el que pudiera parecer, para muchos, que no sucede nada, que la vida en Catalunya está normalizada y que tan solo vivimos una especie de contienda mediática dominada por las redes sociales que tan solo obedece a un grave juego de políticos, enredados en un camino sin solución a la espera de que surja algo o alguien capaz de alumbrar un acuerdo negociado que brilla por su ausencia. Así, mientras las instituciones catalanas están paralizadas y sustituidas por un mando impuesto bajo el gravísimo precedente del art. 155, sin reacción alguna de funcionarios y cargos públicos que desempeñan sus funciones como si todo fuera igual, con incomprensible e inaceptable encarcelamiento u obligado autoexilio de los principales dirigentes legítimos, el gobierno Rajoy y sus aliados en la intervención (PSOE y Ciudadanos), bajo el paraguas del inmovilismo, sin plan o estrategia alguna, ocupados en su acelerada guerra fratricida como consecuencia de su corrupción, descrédito e inoperancia política, aguardan que el temor a la acción de tribunales y policías termine disolviendo el movimiento cuál azucarillo en un vaso de agua.
Bregman habla de los “perdedores”, en alusión a aquellos que, en un momento dado, aceptaron el statu quo y dieron por bueno o aceptable el punto al que se habría llegado. Con él, dos grandes estudiosos de la desigualdad y la pobreza (Shafir y Mullainathan) añaden que dejarse llevar por el contexto nos asocia a una determinada “banda de ancho mental” paralizante y conformista de la que resulta casi imposible salir (sería algo así como, en nuestro caso: ¿Para qué queréis más autogobierno si ya estáis bien?)
Pero, parafraseando a Oscar Wilde, “un mapa del mundo que no incluya Utopía no es digno de consultarse, pues carece del único país en el que la humanidad siempre acaba desembarcando. Y cuando lo hace, otea el horizonte y al descubrir un país mejor, zarpa de nuevo. El progreso es un camino y proceso permanente hacia la utopía”.
Ojalá no seamos los perdedores que se hayan dejado cautivar y engañar al llegar a una estación suficientemente confortable, pudiendo continuar por el cambiante y desconocido recorrido que pudiera esperarnos. Necesitamos nuestro realista camino hacia la utopía.
