BILBAO - Aunque el problema es anterior, los diferentes gobiernos españoles se han enfrentado al problema de la sostenibilidad de las pensiones de forma constante desde el estallido de la crisis y siguen sin dar con la tecla. No encuentran la solución e incluso plantean fórmulas que ya han sido rechazadas.
Es el caso de la propuesta del Ejecutivo del PP para calcular las pensiones en función de toda la vida laboral. Una posibilidad que se rechazó aplicar en la reforma de 2011, la que aprobó el Gobierno de Rodríguez Zapatero con el apoyo de los agentes sociales. Se estimó entonces que tener en cuenta los últimos 25 años de cotización suponía ya un factor de corrección para los trabajadores que caían en el paro en el tramo final de su carrera laboral.
Ir más allá de los 25 años generaba más perjuicio en el conjunto de los pensionistas que beneficio en los colectivos afectados por muy extendida que estuviera la aplicación de expedientes de regulación de empleo. De modo que, según revelan a este diario fuentes de Comisiones Obreras, se decidió desestimar esa posibilidad que ahora recupera el PP. Hasta ayer la duda era si la propuesta que ha lanzado la ministra de Empleo, Fátima Báñez, es una extensión voluntaria del periodo de cálculo de cotización que genera la pensión o si se trata de una cuestión que, si se pone en práctica, se aplicaría en todos los casos.
Pese al silencio del Ejecutivo de Rajoy, el diputado del PP Gerardo Camps despejó la incógnita. Según aclaró el representante popular en el Pacto de Toledo es “inevitable” romper la barrera de los 25 años para el conjunto de los cotizantes y la propuesta de su partido va en esa línea. “La recomendación dice que hay que ir más allá de 25 años y eso es para todos”, subrayó Camps en declaraciones en el Congreso.
El diputado explicó que el objetivo es “aunar una mayor contributividad con algo de flexibilidad”, de manera que los trabajadores con carreras largas de cotización (alrededor de 35 a 40 años) tengan la opción de descartar un número de años para obtener un cálculo más favorable.
Camps apuntó que el PP llevó la semana pasada “con carácter informal, pero con todos los miembros de la comisión del Pacto de Toledo” una propuesta en este sentido para “la reflexión y el debate”. Sería una medida “para el conjunto de los trabajadores”, en línea con “lo que se hace en otros países de nuestro entorno”.
Del mismo modo, concretó que se trataría de una decisión de “carácter voluntario” solo para aquellos trabajadores que decidieran que se les aplicara en cuanto entre en vigor la reforma, sin esperar a que se produzca un periodo de implantación gradual de la modificación. Para el resto sería aplicable tarde o temprano.
Lo cierto es que a los participantes en el Pacto de Toledo les ha pillado por sorpresa el planteamiento. O la propuesta no estaba tan detallada o no fue lo suficientemente explicada en esa reunión “informal”. Y el PP parece tener las cosas muy claras.
Otra cosa son los apoyos con los que contaría para su aprobación, que a día de hoy no parecen suficientes. Ciudadanos no ve con malos ojos alargar el periodo de cálculo, si bien considera que el problema de las pensiones es de ingresos y que es en ese ámbito donde se debe actuar.
Aunque la formación de Albert Rivera votara a favor, necesitaría el respaldo de más diputados y de momento el otro partido que se ha mostrado favorable es el PdeCAT, que no parece ser en estos momento el partido que se sienta más cómodo votando junto al PP.
arrecian las críticas El resto de formaciones continuó ayer mostrando su oposición a la medida. Unidos Podemos considera que ampliar a toda la vida laboral el cómputo de la pensión supone “un crimen contra el pensionista” y reclamó que se permita elegir los mejores 240 meses cotizados para que la prestación sea “la mejor posible”, tal y como recogieron en la proposición de ley registrada el pasado verano en el Congreso.
El PSOE calificó el planteamiento de “globo sonda” y aseguró que supone “una tomadura de pelo al Pacto de Toledo”. La portavoz de los socialistas en esta comisión parlamentaria, Mercè Perea, reconoció su “perplejidad” sobre una propuesta que, aseguró, “confirma la voluntad del PP de derivar a la larga el sistema público de pensiones a un sistema privado”.
Y en Euskadi, el secretario de Política Social de ELA, Mikel Noval, aseguró que la medida es “un nuevo paso para recortar” las pensiones. En declaraciones a Europa Press, Noval enmarco esta nueva propuesta en la “política de recorte” de los últimos años, por el aumento del periodo de cálculo, la pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones, como la subida del 0,25%, por debajo del IPC, y medidas de retraso de la edad de jubilación.
Para Mari Cruz Vicente, la número dos de CCOO de Euskadi, se trata de una “ocurrencia” del Gobierno español. En su opinión, es necesario mejorar los ingresos del sistema y dejar de incidir en los gastos. Además solicitó la retirada del factor de sostenibilidad, que entra en vigor en 2019 y que ligará las pensiones a la esperanza de vida de cada momento.
Medida universal. El PP plantea que el cálculo de la pensión de todos los trabajadores se realice en función de toda la vida laboral y que se descarten los periodos con cotizaciones más bajas, aunque no ha concretado cuantos años podrían eliminarse de la fórmula. La medida entraría en vigor gradualmente.
El mecanismo actual. Desde 2013 comenzó a aumentar gradualmente de 15 a 25 años el periodo de cómputo legal para calcular la pensión, con lo que en 2018 se hace con los últimos 21 años cotizados y en 2022 se llegará a los 25 años. Son los términos establecidos de acuerdo con lo establecido en la reforma de las pensiones acordada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y los agentes sociales en 2011.
