Con la llegada de 2018 entramos en el año X después de la quiebra de Lehman Brothers (15 de septiembre), entronizada en la historia económica como la llave que abría las puertas al mayor empobrecimiento global que ha conocido la sociedad occidental en las últimas décadas. Desde entonces hemos aprendido y madurado lo suficiente como para no distraernos con casualidades o consideraciones que, por muy positivas y dignas de respeto que sean, no agotan la reflexión que merece lo conseguido hasta la fecha y las previsiones para este nuevo ejercicio.

Dicho lo cual, tal vez merezca la pena subrayar que, del mismo modo que la quiebra de Lehman Brothers no fue un hecho aislado, la recuperación económica no se puede aislar del lastimoso estado de bienestar en que ha quedado la sociedad. Aquella, la quiebra, fue el producto de una política financiera marcada por la ambición desmesurada de unos pocos. Esta, la recuperación, ofrece datos y estadísticas que son utilizados de forma partidista, simbólica, litúrgica o testimonial, dependiendo, eso sí, del lugar que ocupe en la sociedad. Es decir, escucharemos promesas triunfalistas (Gobierno), críticas y reivindicaciones (oposición), dificultades y victimismo (empresarios) y exigencias salariales (sindicatos).

Así ha venido ocurriendo en los últimos años y así ocurrirá en el que estamos iniciando. Sabemos que los datos macroeconómicos, como el crecimiento del PIB, son positivos, pero estamos olvidando que la precariedad laboral se ha instalado de tal suerte que hoy podemos hablar de fenómeno del trabajador pobre como una realidad generalizada. Les pongo un ejemplo bien ilustrativo: en Alemania, mientras la tasa del paro está alcanzando cotas mínimas, el número de personas sin vivienda aumenta exponencialmente. Nada menos que un 150% desde 2014, lo que deja a 860.000 individuos sin techo, aunque muchos de ellos tengan un trabajo.

Si esto está ocurriendo en la locomotora de Europa, qué no pasará en los vagones de cola, entre los que se encuentra la economía española, con unas tasas de paro y precariedad laboral insostenibles. De modo que, puestos a hacer las tradicionales promesas de Nochevieja, pongamos cada cosa en su sitio por la sencilla razón de que los próximos meses seguirán inscritos en toda suerte de clientelismo electoral, mientras la incertidumbre laboral de unos y los temores de otros nos hacen olvidar la figura del trabajador pobre, como ya hemos olvidado los errores del pasado financiero o la crisis europea de los refugiados.

Gobierno y CAF Llegados a este punto, estas líneas podían proseguir insistiendo en este tipo de consideraciones, pero manda la actualidad y esta llega inmersa en la noticia de que el Gobierno Vasco se ha hecho con el 1,24% de la empresa vasca CAF a cambio de casi 15 millones de euros, lo que supone la primera participación directa del Ejecutivo vasco en el capital de una empresa cotizada en bolsa. Dejemos a un lado los datos más relevantes de la operación, así como sus protagonistas, bien conocidos a través de las informaciones publicadas esta semana. Lo importante, a mi entender, es saber si la operación es buena o no para la empresa guipuzcoana en particular y para la economía vasca en general.

En este sentido, el Ejecutivo que preside Urkullu ha puesto en valor la operatividad del Instituto Vasco de Finanzas para solventar el problema generado desde Bruselas que obliga a los bancos a cumplir con los requisitos marcados por el BCE con el objetivo de sacar a las entidades bancarias de todo lo que no se circunscriba a la actividad financiera. Por otra parte, este tipo de participación en el accionariado no es un chaleco salvavidas para empresas en crisis, sino que pretenden reforzar la singladura de empresas con futuro. En este sentido, baste recordar que la CAF consiguió en 2017 una cartera de pedidos por valor superior a los 1.500 millones de euros.

Dicho todo lo cual, no se entiende muy bien algunas críticas del sindicato vasco ELA, como cuando asegura que “el impulso público se centra en dar cobertura a proyectos especulativos que sólo favorecen a intereses empresariales cortoplacistas”.

Si hemos aprendido algo es que, paso a paso, sin estridencias mediáticas, el Gobierno Vasco sigue avanzando y ayudando en la consolidación del sector industrial de Euskadi, auténtico motor de la economía, el empleo y el estado de bienestar.