Madrid - El acuerdo entre el Gobierno español y la patronal y los sindicatos para subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 850 euros en 2020 tiene letra pequeña. Los incrementos pactados para los próximos años se condicionan a una serie de requisitos macroeconómicos exigentes. Por un lado la economía española debe crecer de forma sostenida por encima del 2,5% cuando tanto Bruselas como el propio Gobierno anticipan avances del PIB por debajo de ese listón para 2019. Además, la subida del SMI está sujeta a la creación de 450.000 empleos al año. A ese ritmo la Seguridad Social alcanzaría en 2020 su récord histórico de afiliación con 20 millones de cotizantes, prácticamente medio millón por encima del máximo de 2007.
El presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, firmó ayer con los líderes de CEOE y Cepyme, Joan Rosell y Antonio Garamendi, y de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, un pacto social que recoge una subida del sueldo mínimo del 4% para 2018, hasta 736 euros en 14 pagas, de un 5% en 2019, hasta 773 euros, y un 10% adicional en 2020 hasta los 850 euros. A este recorrido habría que sumar el incremento del 8% activado este año, que ha dejado el SMI en los actuales 707 euros.
Pese a que es una subida relativa importante, la realidad es que España pisa terreno resbaladizo. El salario mínimo continuará en el nivel de países como Portugal o Grecia y muy lejos de Francia (1.457 euros) o Gran Bretaña (1.378). Además, tampoco está claro que se vayan a alcanzar esos 850 euros que, divididos en 12 pagas, permitirían a quien los cobra considerarse casi mileurista.
Una vez más el Ejecutivo de Rajoy obliga a leer letra pequeña, de la que solo se puede colegir un cierto escepticismo. Por un lado por la exigente mejoría económica y del mercado laboral que demanda el Gobierno para cumplir el acuerdo y, por otro, porque la revalorización no afectará a aquellos convenios que tengan los salarios vinculados al SMI, que quedarán como están.
unos 530.000 beneficiados Las partes firmantes explicaron que, como ya se ha hecho este año, se toma está decisión de desligar la subida del SMI de los convenios “para evitar distorsiones económicas”. Esto deja el número de afectados por la medida en torno al medio millón de ocupados que perciben el salario mínimo, algo más del 3% de todos los asalariados. La mayoría son mujeres, jóvenes y extranjeros con contratos precarios a tiempo parcial que perciben la parte equivalente a sus horas de trabajo.
En cualquier caso, los dirigentes de CCOO y UGT destacaron que tienen confianza en que la subida sirva de revulsivo para la negociación colectiva y “tenga incidencia en la negociación de los salarios más bajos”.
El acuerdo expone que los incrementos del SMI se llevarán a cabo siempre que el PIB español crezca el 2,5% o más y que se generen al menos 450.000 empleos medidos en términos de afiliación a la Seguridad Social -los parámetros corresponden al ejercicio anterior a la subida-. Son “límites muy prudentes”, según Rajoy, que recordó que ambos valores se han superado este año con un cierto colchón, pero lo cierto es que no se puede dar por hecho el cumplimiento de esos mínimos.
Aunque la economía española mantiene la buena senda y en estos momentos avanza a ritmos del 3%, todo apunta a que el año que viene habrá una desaceleración. En 2018 el Ejecutivo español calcula un avance del PIB del 2,6% que podría ser incluso más bajo en función de la incidencia en términos económicos del proceso catalán, mientras que Bruselas prevé un crecimiento del 2,5%, justo en el límite, y el Banco de España del 2,4%.
Entra dentro de lo probable, eso sí, que las previsiones iniciales se retoquen al alza como viene ocurriendo últimamente, con lo que la subida del SMI de cara a 2019, del 5%, en principio no correría peligro. El problema puede llegar en el incremento final, que es además el más significativo. Para 2019 la Comisión Europea ha avanzado una mejoría económica en España del 2,1%, claramente por debajo del mínimo demandado por el acuerdo social firmado ayer. El Ejecutivo español espera una cifra dos décimas superior, el 2,3%. Cualquier elemento de incertidumbre tanto a nivel estatal como en la escena mundial en los próximos tres años truncaría estas previsiones, mientras que parece difícil que la evolución económica en España ofrezca grandes sorpresas positivas después de que su principal motor, el turismo, haya batido todos los récords los últimos años.
Precisamente los picos turísticos serán los principales encargados de seguir tirando de la contratación para lograr esos 450.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social que se piden cada año. Una cifra que se ha logrado en estos tres últimos ejercicios pero que tampoco parece precisamente prudente.
En estos momentos la Seguridad Social cuenta con 18,5 millones de afiliados y se espera que en el mes de diciembre el mercado laboral deje buenos números. Por tanto, sumar otro millón y medio de trabajadores en los próximos tres años permitiría al sistema alcanzar los 20 millones de cotizantes, un nivel muy superior al logrado en el verano de 2007, cuando se registraron 19,5 millones -según el INE España superó los 20 millones de ocupados antes de la crisis-. Casualidad o no, cumplir con la hoja de ruta de este acuerdo permitiría a España lograr en 2020 el nivel de empleo prometido por Rajoy en campaña electoral.