madrid - La Comisión Europea ha abierto una investigación sobre el régimen de ayudas de España a centrales de carbón por reducir emisiones contaminantes. Las ayudas en cuestión ascienden a 440 millones de euros repartidos en catorce centrales desde 2007. El Gobierno español defiende que el sistema de ayudas “es respetuoso” con las regulaciones europeas y no tenía la consideración de ayudas públicas cuando fue puesto en marcha hace diez años.
Las autoridades españolas introdujeron en 2007 un sistema de incentivos para apoyar la instalación de nuevos filtros de óxido de azufre en centrales de carbón para reducir las emisiones de este compuesto. En contrapartida, las centrales tienen derecho a recibir ayudas públicas relacionadas con el tamaño de la instalación durante un periodo de diez años.
Desde 2007 se han acogido a este esquema un total de catorce centrales de carbón, que han recibido más de 440 millones en concepto de ayudas públicas. Actualmente doce plantas se siguen beneficiando del sistema de incentivos, según fuentes comunitarias, de manera que se seguirán produciendo pagos hasta 2020.
Sin embargo, el Ejecutivo comunitario sospecha que los límites de emisión impuestos a los beneficiarios del régimen en realidad simplemente daban cumplimiento a las normas obligatorias de la Unión Europea en materia medioambiental aplicables entonces a las centrales de carbón. De ser así, añade Bruselas en un comunicado, significaría que el régimen “no habría tenido, en realidad, ningún efecto incentivador”.
Además, la Comisión cree que las ayudas podrían vulnerar un principio “fundamentado” de la legislación europea sobre ayudas de Estado por el cual los Estados miembros “no pueden conceder ayudas estatales a las empresas para que cumplan con las normas obligatorias de la UE en materia de medio ambiente”.
El Ejecutivo comunitario ha remarcado que, de ser ciertas estas sospechas, el sistema de incentivos conferiría a las centrales de carbón una ventaja competitiva desleal con respecto a otras formas de producción de electricidad y a las centrales de carbón de otros países de la Unión Europea.
En cualquier caso, Bruselas ha señalado que la apertura de la investigación busca determinar si sus dudas iniciales están justificadas, al tiempo que ha añadido que “brinda a España y a terceros interesados la oportunidad de presentar sus observaciones, sin prejuicio del resultado de la investigación”. “Si contaminas, pagas: este es un principio largamente fundamentado en la legislación medioambiental de la UE”, apuntó la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager.
El Ministerio de Energía, en cambio, indicó que estas ayudas se financian a cargo del sistema y no con presupuestos y asegura que cuando se constituyeron “no entraban en la definición de ayuda pública” por lo que son “respetuosos” con la regulación europea. - Europa Press
