madrid - El Gobierno español amplió los criterios que tendrá en cuenta para autorizar o denegar el cierre de una central eléctrica, que ahora se limitan a su impacto en la seguridad del suministro y que en el futuro se extenderán a su efecto en la planificación, los precios, la competencia o el cambio climático. El Gobierno considera que esta medida tiene amparo constitucional e indica que se toma “por el bien general”, de forma que, en la práctica, supondrá un obstáculo a los cierres de centrales de carbón previstos por Iberdrola.

El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital envió a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia el real decreto que regulará el procedimiento de cierre de las centrales eléctricas. A diferencia del régimen actual, que solo contempla la seguridad del suministro, a partir de ahora el Gobierno tendrá en cuenta también el impacto del eventual cierre en el cumplimiento de los objetivos medioambientales y climáticos, en la evolución de los precios y en la competencia. El real decreto se aplicará a todos los cierres que hayan sido solicitados desde la consulta pública planteada por el ministerio sobre este tema el pasado mes de julio y sobre los que no exista resolución administrativa.

petición a iberdrola En línea con este planteamiento, Energía pidió a Iberdrola que le remita información contable de los tres últimos años de las centrales de carbón de Lada, en Asturias, y Velilla, en Castilla y León, cuyo cierre solicitó. Según Energía, con esta medida, el Gobierno ratifica su postura de que las decisiones adoptadas por las empresas en el ámbito energético “deben estar subordinadas al interés general y a la planificación en esta materia”.

El Ministerio sostiene que “encuentra pleno amparo” en la Constitución y la regulación vigente del sector eléctrico. La norma se aplicará a las instalaciones de generación con una potencia superior a los cincuenta megavatios, con independencia de su tecnología, al ser las que requieren la autorización del Ministerio. - Efe