bilbao - Euskadi es la comunidad autónoma del Estado con una mayor capacidad de competir fiscalmente para retener y atraer empresas y profesionales, mientras que Catalunya se sitúa en la cola después de Extremadura.
El primer Índice Autonómico de Competitividad Fiscal (IACF), dirigido por la economista Cristina Berechet y presentado en Madrid por la Unión de Contribuyentes, mide la política fiscal de las comunidades autónomas teniendo en cuenta los tramos de los grandes impuestos y los tributos cedidos a las regiones, entre otras variables.
En el País Vasco se han analizado en este índice los tres territorios por separado, ya que cada hacienda foral dispone de normativas y competencias propias.
Bizkaia lidera el ránking de todo el Estado al obtener un 7,10 en la escala del 0 al 10 de este índice, mientras que Álava consigue un 7,04 y Gipuzkoa un 6,75, ligeramente por debajo de Madrid. Según el IACF, el peor comportamiento obtenido en Gipuzkoa está relacionado con el Impuesto sobre el Patrimonio, aunque en general los tres territorios de la CAV se encuentran entre los más competitivos del Estado. Precisamente en las últimas semanas PNV y PSE negocian los cambios fiscales que aprobarán en Juntas Generales en el terreno del Impuesto de Sociedades, aunque finalmente no habrá una reforma profunda como habían pedido los empresarios.
Extremadura, con un índice de 4,72, y Catalunya, con 4,75, son las peor situadas. Tras las diputaciones de Bizkaia y Álava figuran como más competitivas fiscalmente Madrid (6,83) y, tras Gipuzkoa, se sitúa Canarias (6,49).
La comunidad catalana es una de las tres únicas que no alcanzan a aprobar en competitividad fiscal, junto a Aragón y Extremadura, y los subíndices que lastran su posición en competitividad fiscal son los del Impuesto sobre la Renta, Transmisiones Patrimoniales y Patrimonio. Aparte de tener “grandes deficiencias” en la estructura del índice del impuesto sobre la renta y sobre el patrimonio, Catalunya cuenta con el doble de tributos autonómicos que las demás comunidades, con un total de trece, más dos que entrarán en vigor el año que viene, según el estudio.
Por eso, su autora Cristina Berechet, directora general de la UC, ha advertido contra este incremento de impuestos propios en Catalunya que “crean una burocracia innecesaria” ya que, a través de estos tributos, se recauda “muy poco” en comparación con otros y suponen la pérdida de empresas y contribuyentes.
En este sentido, Berechet considera que la Generalitat “está dejando muy claro cuál va a ser su política fiscal, que no va cambiar su trayectoria” en el caso de declararse la independencia, y marca cuál es la “carga” que tendrán empresarios y contribuyentes.
“competencia dura” “Hay que preocuparse más de que una empresa de Zaragoza, Pamplona o Barcelona se traslade a Madrid o a Palma de Mallorca que de España a Polonia”, indicó, porque “la competencia más dura la representan a menudo otras comunidades autónomas y no necesariamente otros países”.
Por su parte, el presidente de la Unión de Contribuyentes, Juan Pina, indicó que Catalunya ha querido compensar la falta de concierto económico “con una proliferación desmedida y empobrecedora de impuestos autonómicos” y el resultado “está a la vista”, ha concluido, en referencia a la mala posición de la comunidad en competitividad fiscal.
En cuanto a Extremadura, la última comunidad autónoma del ránking de competitividad fiscal, no sólo tiene el peor impuesto sobre el patrimonio de todo el Estado, sino que también es el más gravoso del mundo.
Madrid, que ocupa la tercera posición en competitividad fiscal, podría mejorar si redujera el número de impuestos propios autonómicos y eliminara el de hidrocarburos, según este índice elaborado por la UC. - DNA/Efe
