madrid - La misma persona que defendió en 2009 la buena salud financiera de las cajas, entidades que quebraron en su gran mayoría, el ex presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), Juan Ramón Quintás Seoane en vez de realizar autocrítica sobre las prácticas de gran parte de las entidades del sector financiero, se limitó a culpabilizar a todos los demás estamentos de la crisis de la banca en España, en especial a la administración por no supervisar y sancionar la deficiente labor de los gestores de las cajas.
En concreto, Quintás acusó a las Comunidades Autónomas, al Gobierno español y al mismo Banco de España de ser “cooperadores necesarios” en la gestación y la evolución de la crisis financiera por sus errores de estrategia y sus retrasos en la aplicación de medidas correctoras.
Que la mayoría de cajas, prestasen dinero sin avales suficientes, incurriesen en concentraciones de riesgos excesivas o se volcasen hasta el infinito en conceder créditos en el sector inmobiliario con dinero prestado de entidades extranjeras, o lo que es lo mismo una gestión desastrosa, no mereció de Quintás una crítica del mismo calibre que la lanzada a Gobierno y Banco de España.
El que estuviera al frente de la CECA hasta marzo de 2010 durante su intervención en la comisión del Congreso que investiga la crisis financiera, la quiebra de las cajas y el rescate bancario, explicó su visión del proceso tras la intervención del presidente de la Asociación de Inspectores del Banco de España, Pedro Luis Sánchez Ruiz. Este criticó los sistemas institucionales de protección (SIP) -mecanismo de intervención de entidades financieras conocido como fusión fría- por sus “desastrosos resultados”. Sánchez, además, lanzó un mensaje preocupante pues afirmó que la regulación financiera y contable antes de la crisis, aun siendo “mejorable”, era mejor que la existente hoy con lo que su conclusión es demoledora: “La tendencia actual en regulación y supervisión nos puede conducir a un desastre mayor al sufrido”.
El modelo de las cajas Juan Ramón Quintás, ex ejecutivo de Caixa Galicia, criticó duramente la posición de las Comunidades Autónomas porque, en su opinión, fueron “importantes impulsoras” de las malas prácticas de las cajas de ahorros y apuntó que “hubo gobiernos autonómicos que no dudaron en recurrir a la propia regulación autonómica de las cajas solo para garantizar su control frente a un grupo rival”. Según Europa Press, Quintás afirmó que “el control indirecto por los partidos políticos respecto de los órganos de gobierno de determinadas cajas permitió que se tomaran públicamente acuerdos en instancias ajenas a las cajas respecto de asuntos de gran trascendencia que realmente correspondían a los órganos de gobierno”.
El expresidente de CECA acusó ayer a las CCAA de “bloquear” las fusiones “extrarregionales”, aunque fueran “razonables”, por miedo a perder su control sobre la caja en cuestión. Para Quintás, los Sistemas Institucional de Protección (SIP), los que propiciaron las fusiones frías de cajas, fueron “insuficientes” para atajar los problemas, especialmente el de solvencia.
En cuanto al Gobierno español, le achacó una “incapacidad” para “elaborar a tiempo un diagnóstico correcto, tanto de la expansión económica inicial como de la extraordinaria recesión que siguió”. “Como sector tenemos un amplio campo de culpa, pero no tanto como el que hace las leyes”.
Al menos Quintás reconoció que el problemas de las cajas de ahorros no fue su modelo concreto, -para ejemplo entidades como BBK, en Euskadi, o Unicaja, en Andalucía, que gracias a una gestión profesional no cayeron en la quiebra-, sino “los comportamientos individuales de gestores que, en ausencia de sanciones ejemplarizadoras que los reprimiesen, se extendieron peligrosamente por el sector al cobijo de la fuerte expansión económica”, recordó. Por último el economista gallego señaló que “ciertamente, una buena regulación y supervisión hubiera dificultado y limitado drásticamente los daños causados por la mala gestión de los administradores de las cajas”.
