MADRID. El acuerdo supondría cerrar así el conflicto abierto en el sector desde el pasado mes de febrero, cuando el Gobierno abordó la reconversión del sector para evitar una multa de la UE, que ha afectado al tráfico de los principales puertos del país.
"Vamos con intención de cerrar el acuerdo el jueves o el viernes a más tardar", aseguró Antolín Goya, coordinador de Coordinadora de Trabajadores del Mar, principal sindicato de estibadores, ante la próxima reunión con las empresas.
Goya recibió este martes el respaldo de más de doscientos delegados territoriales de la Coordinadora reunidos en asamblea extraordinaria en Madrid para continuar negociando con la patronal en la línea del preacuerdo logrado este lunes.
En caso de que en la próxima reunión entre sindicatos de estibadores y la patronal Anesco, prevista para el 1 de junio, se cierre el acuerdo, los trabajadores desconvocarían las tres jornadas de paro aún programadas en los puertos, para los días 5, 7 y 9 de junio, y culminaría así el conflicto en el sector.
En virtud del acuerdo, las empresas se comprometen a garantizar el empleo de los 6.150 estibadores que trabajan en los puertos. Como contraprestación, los trabajadores del gremio aceptan bajarse un 10% el sueldo para los mayores salarios y negociar medidas de flexibilidad que mejoren la competitividad de los puertos.
En concreto, la rebaja salarial se aplicará en aquellos trabajadores que perciban más de 2.230 euros mensuales, esto es, el importe equivalente a tres veces el salario mínimo interprofesional y un 5% más.
Los estibadores también participarán en la formación de los futuros trabajadores mediante la organización de las prácticas profesionales que será preciso realizar para acceder a la profesión. Por contra, asumen que tras la subrogación de plantillas habrá que ajustarlas, en una cuantía aún no determinada, a través de prejubilaciones voluntarias.
El eventual acuerdo entre patronal y sindicatos de la estiba la próxima semana supondría cerrar el conflicto abierto en el sector el pasado mes de febrero, cuando el Ministerio de Fomento planteó un Decreto Ley para reformar el sector con el fin de que cumpla la normativa europea y evitar una multa del Tribunal Superior de Justicia de la UE.
