BILBAO - El Gobierno español sigue mirando con recelo a las cooperativas de crédito, la única columna del sector financiero que no se ha visto afectada por los cambios regulatorios derivados de la crisis, y busca fórmulas para minimizar el impacto financiero de futuros posibles rescates. Por ello, el ministro de Economía, Luis de Guindos, anunció ayer la creación de un “fondo de garantía privado” para que si algún banco cooperativo necesita una inyección liquidez, el sector haga frente de forma colectiva al problema.

De Guindos hizo públicas las intenciones del Ejecutivo del PP en unas jornadas organizadas en Madrid por Deloitte, ABC y la Sociedad de Tasación. No dio más detalles respecto a una iniciativa que es parte del nuevo marco regulatorio para la banca que entierra sus raíces en la economía social y, de ese modo, dejó abierta la puerta a interpretaciones variadas.

Todo apunta a que se trata de un mensaje dirigido directamente a las cajas rurales y que forma parte del intento de forzar una gran fusión que reduzca la atomización de ese segmento, en el que hay casi 40 pequeñas entidades provinciales conviviendo con asociaciones profesionales que facilitan el crédito a sus colegiados, como la Caja de Arquitectos o la de Ingenieros.

A otro nivel por tamaño y solvencia está Laboral Kutxa, prácticamente el único representante que queda de las cajas populares y reforzada tras la fusión de Caja Laboral e Ipar Kutxa. ¿Tendrá la caja cooperativa vasca que realizar aportaciones a ese nuevo fondo de rescate a pesar de tener unos ratios de fortaleza muy superiores a la media del conjunto del sector?

Esa es la gran incógnita. Fuentes de la entidad de la Corporación Mondragón aseguraron ayer a este diario que en el banco continúan “expectantes” ante la presentación del borrador de la reforma de la regulación de la banca cooperativa, pero que desconocen los términos en los que se establecerá ese fondo y si por tanto se veran afectados de alguna manera. Por su parte, las cajas rurales tienen tiene ya una estructura común, el Banco Cooperativo Español, que actúa como una central que dispensa servicios a las entidades. Partiendo de esa base, sería relativamente sencillo que las cajas rurales realizaran aportaciones en función de su tamaño a un fondo común y que esa fuera la tabla de salvación de la entidades en riesgo. Otra de las posibilidades que se maneja en el sector es que es establezca un nivel de solvencia y que los bancos que estén por debajo asuman el coste del fondo de rescate. Todo está abierto y en el trasfondo se intuye que el Gobierno quiere dejar claro que el Estado no asumirá el coste de nuevos sobresaltos financieros.

Habrá que esperar para conocer detalles. Sin aproximar ninguna fecha, De Guindos explicó que “próximamente” se modificará el régimen jurídico de las cooperativas de crédito y se abrirá un “debate sobre su papel” en el sector.