madrid- Los estibadores afrontan una semana que puede ser decisiva para su futuro dispuestos a negociar una salida dialogada con la patronal Anesco y el Ejecutivo, tras suspender dos de las nueve jornadas de huelga que habían convocado, -las del hoy y el miércoles-, aunque mantienen como último recurso de fuerza la convocatoria de paro del viernes a la espera de comprobar si la reforma del sector de carga y descarga de mercancías en los puertos del Estado español aprobada por el Consejo de Ministros el 24 de febrero se convalida o no, en el Congreso de los Diputados.

El real decreto aprobado por el Gobierno del PP en solitario es rechazado por casi todos los grupos políticos que han señalado que no lo apoyarán sin que antes se alcance un acuerdo para mantener el empleo del colectivo de 6.100 estibadores.

El problema es que la pretensión gubernamental de eliminar las Sagep, las sociedades anónimas privadas encargadas de poner estibadores a disposición de las empresas estibadoras, supone la pérdida de la estabilidad en el empleo para los trabajadores.

Como se recordará, las empresas estibadoras tienen hoy en día obligación de ser accionistas de la Sagep. En el caso del primer puerto vasco, el de Bilbao, la Sagep se denomina Bilboestiba y tiene como accionistas a Bergé, Noatum, Toro y Betolaza, y SLP. Las compañías estibadoras sólo pueden contratar estibadores que pertenezcan a las Sagep y ello, según la CE, implica que no existe libertad de contratación.

Por eso, ahora si prospera la reforma tal cual los contratos indefinidos de la totalidad de los estibadores se convierten en contratos precarios pendientes de contratación por las empresas, como las anteriormente citadas que operan en Bilbao. Hay un periodo transitorio de tres años en el que las estibadoras seguirán estando obligadas a contratar a trabajadores de las Sagep pero sólo a un porcentaje descendente del colectivo. Así podrán sustituir al 25%, 50% y 75%, respectivamente de la plantilla actual. A los tres años los estibadores no contratados podrán ser despedidos con indemnizaciones a cargo de los recursos de las respectivas Autoridades Portuarias, algo con lo que la de Bilbao, -con una factura estimada de 25 millones de euros-, ya ha mostrado su desacuerdo.0

Ahora los estibadores tratan de conseguir la subrogación en su totalidad o garantías de que el colectivo actual, en caso de reconversión, se podrá ir prejubilando sin pérdida de derechos económicos.