Bilbao - El Gobierno Vasco va a devolver esta primavera el tercer cuarto pendiente de la paga extra retirada en la Navidad de 2012, mientras que el restante 25% se abonará el año que viene. De esta forma se completará la devolución total de la polémica paga extra de 2012, que el Gobierno de Mariano Rajoy retiró a los empleados públicos dentro del tijeretazo del inicio de la pasada legislatura.

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, que controla también el área de Función Pública, explicó ayer en la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Parlamento Vasco que se pagará la mitad restante de la paga de 2012 a los 70.000 empleados públicos de Lakua entre este ejercicio y el próximo. En concreto, un cuarto se devolverá esta primavera, entre abril y mayo, ya que es el periodo de mayor liquidez, y en el año 2018 se pagará el 25% restante si bien no se especificó una fecha.

Hasta ahora los funcionarios vascos han estado recibiendo la paga siguiente por adelantado, fórmula que puso en marcha el Gobierno de Iñigo Urkullu para paliar el recorte de Rajoy. Para cubrir el vacío de la paga de diciembre de 2012 y dado el carácter obligatorio de la medida, Lakua pagó en enero de 2013 la paga correspondiente a verano con lo que ha ido teniendo que adelantar pagas para cubrir huecos. Eso obliga a realizar un reajuste en el momento en el que se termine de devolver completamente la extra retirada en diciembre de 2012, probablemente en abril de 2018.

subida del 1% Sobre el aumento del 1% de la retribución a los funcionarios, Erkoreka explicó que se ha fijado este porcentaje porque es la cifra que “circula con más intensidad” y que se ha recogido por todas las comunidades autónomas, que podría ser recogida por los Presupuestos generales del Estado. Asimismo, ha indicado que se trata de una previsión “cautelar, provisional” y ha reiterado que “nadie apuesta hoy por un porcentaje superior”.

Por otro lado, explicó que este año tampoco están previstas las aportaciones a Itzarri, la Entidad de Previsión Social Voluntaria (EPSV) que gestiona el plan de pensiones de los trabajadores de la Administración General vasca, porque “supondría un incremento de la masa salarial e iría en contra de la normativa básica estatal”. “El Gobierno no puede hacer esta aportación sin saltarse la normativa”, insistió el portavoz del Gobierno vasco.

Pese a la devolución progresiva de los recortes aplicados en los últimos años, los sindicatos con presencia en la Mesa General denuncian que en los últimos años la mesa “se ha convertido en un paripé” ya que “el Gobierno la utiliza para informar de las medidas ya adoptadas”.

Los sindicatos denuncian que en los últimos años se han destruido más de 21.000 empleos públicos en Euskadi y aseguran que no se han cumplido los acuerdos firmados con la administración en 2010 en materia de empleo. - DNA