MADRID - PP y PSOE firmaron ayer un acuerdo para reformar de forma urgente la ley del sector y prohibir que se pueda cortar la luz a los hogares “extremadamente vulnerables”, a la vez que cerraron un nuevo modelo de financiación para el bono social. La ley se hará efectiva en tres meses cuando pase su desarrollo normativo. Tras semanas de negociaciones con los distintos grupos parlamentarios, el ministro de Energía y Turismo, Álvaro Nadal, presentó ayer junto al portavoz socialista en el Congreso, Antonio Hernando, un acuerdo para cerrar la financiación del bono social, así como medidas para avanzar en la protección de hogares “extremadamente vulnerables”.

En el primer punto, se espera aprobar mañana o el próximo viernes un Real Decreto Ley que recoja el reparto del coste del bono social -unos 200 millones al año- tras la sentencia del Supremo, que tumbó el modelo anterior. El nuevo modelo repartirá el coste -un descuento del 25% en la factura de determinados colectivos- entre todas las comercializadoras eléctricas, lo que supone ampliar el número de empresas que deberán pagarlo, aunque la mayor parte seguirá cayendo en las tres grandes -Endesa, Iberdrola y Gas Natural- por sus cuotas de mercado.

Junto a esta reforma del modo de pagar el bono social, el Gobierno y el PSOE pactaron otra serie de cambios que se irán desarrollando en los próximos meses en el marco de esa reforma de la ley del sector eléctrico.

Para empezar, que tener ese bono social esté ligado a criterios de renta y que, con sus fondos aportados por las eléctricas, también se pueda hacer frente a una parte de las facturas impagadas por consumidores “extremadamente vulnerables” y que ahora corren a cargo de ayuntamientos y las comunidades autónomas.

definir los beneficiarios Junto a esto se deberán definir bien los consumidores vulnerables, y también esos “extremadamente vulnerables”, y desarrollar los reglamentos para prohibir los cortes de luz con la introducción de ese principio en el artículo 42.J de la ley del sector eléctrico. Nadal recordó ayer que hay 2,6 millones de hogares (7 millones de personas) que reciben el bono social, y un porcentaje menor calificado de “extremadamente vulnerable”, atendido por los servicios sociales. No hay cifras cerradas -sin conocer los criterios exactos con los que se definirán estos consumidores- sobre el número de personas al que podría proteger esta medida, así como su coste total.

Desde el sector eléctrico insisten en su disposición a colaborar en la lucha contra la pobreza energética, pero subrayan que las políticas sociales no pueden recaer sobre las empresas y que habrá que esperar a ver cómo se define quiénes son esos consumidores “extremadamente vulnerables”.

movilizaciones Por parte de la Alianza contra la Pobreza Energética denunciaron que el Gobierno del PP cerró su acuerdo con el PSOE sin contar con el resto de partidos y colectivos a cambio de que los socialistas apoyen los Presupuestos para 2017 y pidieron una tarifa social progresiva. Durante la pasada jornada cerca de 30 organizaciones llamaron a un “apagón” y realizaron manifestaciones en toda España contra las “tarifas abusivas” de las compañías eléctricas y los cortes de luz a las familias sin recursos. Además exigieron el reconocimiento y devolución por parte de las grandes eléctricas de los 3.500 millones de euros que cobraron “indebidamente” en conceptos de Costes de Transición a la Competencia, una auditoría al sistema eléctrico, pasar del 21% al 4% el IVA a la electricidad y establecer un protocolo para la aplicación de los convenios entre el Gobierno y las empresas suministradoras. - DNA