madrid - El Gobierno español maniobró ayer en el Congreso para frenar el intento de subir las pensiones un 1,2% en 2017 impulsado por la oposición. Los populares registraron un escrito reclamando la paralización de la tramitación de la proposición de ley de todos los grupos salvo el PP y Ciudadanos. La iniciativa tenía por tanto respaldo suficiente para su aprobación. Según explicó su Ejecutivo, su aplicación supondría un coste para el Estado de más de 1.150 millones -un 0,96% del gasto anual en prestaciones contributivas- sin que se detalle de dónde deberían salir.
El veto de Moncloa, que al registrarse a última hora del lunes no pudo ser analizado en la Mesa del Congreso, se une a los otros trece que tiene presentados el Gobierno a leyes presentadas por la oposición y que amenazan con acabar con un nuevo conflicto entre los poderes Legislativo y Ejecutivo.
Esta última proposición de ley vetada, que recoge las pretensiones de CCOO y UGT, lleva la firma del PSOE, Unidos Podemos, ERC, el PNV y PDCAT, todos los grupos de la oposición, con la única excepción de Ciudadanos, que está a favor de la revalorización pero considera que la ley es “un parche” .
En concreto, la proposición de ley establece un incremento del 1,2% -la subida del IPC prevista por Madrid- y fija que, en caso de producirse una tasa media de inflación superior a lo largo del año, las pensiones también se incrementen acorde esta subida. La proposición también señala que la medida sería financiada con cargo directo a los Presupuestos Generales del Estado y que la ley que los fijara debería incluir la previsión de gasto.
De forma paralela prosiguieron las comparecencias ante la comisión del Pacto de Toledo del Congreso, que se ha marcado el reto de alcanzar un consenso para garantizar la sostenibilidad de las pensiones.
impuesto sobre la riqueza Fue el turno del catedrático de Economía Aplicada de la UPV Ignacio Zubiri y Santos Miguel Ruesga, experto académico en pensiones. Zubiri defendió un impuesto específico sobre transacciones financieras y otro sobre la riqueza para otorgar al sistema de pensiones 11.000 millones anuales. Zubiri abogó también por aumentar las cotizaciones tres puntos a los trabajadores y un punto a los empresarios. Planteó asimismo “destopar” las bases máximas de cotización y transferir las cotizaciones por desempleo al sistema de pensiones, a lo que sumó el recurso al endeudamiento en el corto plazo y una lucha decidida contra el fraude y la elusión fiscal.
Por su parte, Ruesga estimó que en 2017 la Seguridad Social necesitará entre 5.000 y 7.000 millones para poder pagar estas prestaciones ante el final del Fondo de Reserva, y prevé que en años venideros el gasto deberá aumentar hasta 4 puntos del PIB.
