madrid - La Comisión Europea defendió ayer ante la Eurocámara la posibilidad de suspender la concesión de una parte de los fondos estructurales y de inversión europeos comprometidos para España y Portugal en 2017 por haber incumplido ambos países el objetivo de déficit público del pasado año pero, según señaló la comisaria europea de Política Regional, Corina Cretu, la citada suspensión de fondos “no tendría un impacto a corto plazo en absoluto” sobre la aplicación de los programas europeos hasta 2020 y “solo si el país no adopta ninguna medida”, indicó la citada eurocomisaria en una audiencia pública en el Parlamento Europeo (PE).
Esta comunicación del Ejecutivo europeo ante el Parlamento comunitario es la escenificación de la advertencia a España, al Gobierno, en este caso en funciones, de Mariano Rajoy para que adopte medidas serias ante el descontrol del déficit público, una vez conocido que hasta agosto los 31.000 millones de euros de déficit habían superado el importe de todo el pasado año 2015.
El Parlamento Europeo debe posicionarse sobre la posible suspensión de fondos estructurales a España por incumplir el déficit público, un procedimiento desconocido en el seno de la UE que presenta muchas incógnitas y que podría suponer la congelación de hasta un 20% de los compromisos económicos de 2017.
En todo caso, ayer, la mayoría de los grupos políticos de la Eurocámara expresaron su rechazo a la congelación de fondos estructurales y de inversión a España y Portugal, al mismo tiempo que calificaron como “absurda” la suspensión de los mismos e instaron a la Comisión Europea a que reconsidere su posición.
“Consideramos esta medida una medida absurda y también poco inteligente”, indicó el eurodiputado socialista italiano Andrea Cozzolino. A su vez, el eurodiputado del Partido Popular Europeo, Lambert Van Nistelrooij, pidió al Ejecutivo comunitario que busque una alternativa distinta.
“La posible suspensión de los fondos estructurales no es una sanción”, resaltó Cretu, a la vez que aclaró que “forma parte de unas medidas más amplias y vinculadas a las recomendaciones especificas al país”.
Recordó que se trata de una medida contemplada en el procedimiento de déficit excesivo abierto a España y Portugal, una vez que ambos países se libraron de una multa europea el pasado mes de julio.
Según Corina Cretu, se trataría de “una medida temporal” que podría no llegar a materializarse si ambos países cumplen las condiciones acordadas con la Comisión Europea. “La CE retirará esa suspensión en cuanto los países se ajusten a los criterios que están establecidos en la legislación”, añadió, en referencia al umbral del 3% del PIB al que España debe reducir su déficit en los próximos dos años.
Cretu también aseguró, según Efe, que “las condiciones económicas y sociales se van a tener en cuenta”, en particular el empleo.
La congelación parcial de los fondos estructurales sería una consecuencia de que Bruselas constatara a principios de verano la “falta de medidas efectivas” por parte de Madrid para cumplir con sus objetivos de déficit que cerró en el 5% en 2015 frente al 4,2% pactado. La normativa comunitaria prevé la suspensión de hasta el 50% de los fondos estructurales y de inversión comprometidos para el siguiente año. En el caso de España podría suponer hasta 1.300 millones, según el ministro Luis de Guindos.
La conferencia de presidentes de la Eurocámara decidirá el 6 de octubre, los pasos a seguir mientras que la CE deberá evaluar los dos documentos que España tiene que presentar en Bruselas antes del 15 de octubre: el borrador de los Presupuestos del Estado de 2017 y una relación de medidas para corregir la desviación de las cuentas públicas.
Por su parte, la eurodiputada del PNV, Izaskun Bilbao, planteó días pasados a la CE que las cuentas públicas de los regímenes forales vascos de la CAV y Navarra “no merecen” la anunciada congelación de fondos estructurales con la que amenaza Bruselas si España sigue incumpliendo los objetivos de déficit porque los territorios vascos sí cumplen los objetivos fiscales previstos.
