El juez absuelve a Villadelprat porque “no hubo una trama para engañar a sus socios”

En el juicio celebrado a finales de junio, la Fiscalía de Álava pidió al juez, ocho años de cárcel para Joan Villadelprat y para su socio, Mark Payne, al considerar que con la venta de la rama de competición de Epsilon, la única viable y la que concentraba la mayor parte del patrimonio de la sociedad, se firmó la liquidación de un proyecto que aspiraba a armar un equipo vasco de Fórmula Uno y que recibió ayudas públicas millonarias.

El fiscal asegura que Villadelprat y Payne hicieron la operación “en beneficio propio”, ocultando bienes a las instituciones públicas y causando un perjuicio económico a los acreedores del proyecto -Kutxa, Caja Vital, Gobierno Vasco y Parque Tecnológico de Araba-, por lo que les considera responsables de delitos societarios, de insolvencia punible y de alzamiento de bienes. La defensa, por su parte, mantuvo en el juicio que la venta a Epic Racing fue beneficiosa en términos económicos para Epsilon y que se llevó a cabo con el conocimiento y el visto bueno de los acreedores.

plan de viabilidad En el fallo de la Audiencia de Araba que se conoció ayer, los magistrados Jesús Alfonso Poncela, Elena Cabero y Raúl Aztiria, contradicen la visión del ministerio público y resuelven que no hubo ningún delito en la constitución de Epic Racing como sucesora del equipo Epsilon. Al contrario, indican en la sentencia, en línea con el argumento de la defensa, que la venta se hizo “como parte de un plan de viabilidad de la empresa”, sin que las entidades acreedores salieran perjudicadas.

“No hay prueba directa ni indicio alguno de la existencia de un perjuicio económicamente evaluable”, indican los magistrados, que tampoco ven voluntad de engañar por parte de Villadelprat. “No hubo ocultamiento, ni trama, ni ardid para engañar a los socios”, indica la sentencia, que respalda así la versión del empresario catalán en relación al nivel de conocimiento de la operación por parte de los acreedores. La sentencia afirma que no hubo “actos que exterioricen una voluntad dirigida a perjudicar a los acreedores” ni “acciones que, de manera maliciosa e intencionada, estén encaminadas a provocar una situación de crisis o insolvencia”.

No se puede sostener, indican los magistrados, “que los actos de los acusados estaban dirigidos a perjudicar las legítimas expectativas de cobro de los acreedores”, ya que Villadelprat “mantuvo informados a sus tres acreedores principales y buscó su asentimiento a la operación”. “Ni antes ni después de la consumación del contrato de compraventa con Epic Racing percibieron un artificio que defraudase sus expectativas o confianza”, según los jueces. “No hay prueba de que el señor Villadelprat infringiera, al celebrar el contrato litigioso, el deber de lealtad con los socios inherente a su cargo de administrador”, zanja el fallo.

En cuanto al precio que Epic Racing pagó por Epsilon, la Audiencia de Araba indica que correspondía a la acusación acreditar que el valor de los bienes transmitidos fue superior al precio estipulado en la operación, tras lo que subraya que la Fiscalía no ha logrado demostrar que esto fuera así. El ministerio público había hecho hincapié en que la venta de Epsilon se hizo por 200.000 euros cuando el equipo estaba tasado en 1,1 millones en informes periciales. Una valoración que, según el propio Villadelprat, estaba inflada.

Por otra parte, la sentencia destaca que el contrato entre Epsilon y Epic Racing “tenía por objeto una pequeña parte de los activos patrimoniales de la primera”, y que “el precio pactado no era manifiestamente inferior a su valor de mercado y se abonó en su integridad”.

pérdida de 48 millones El proyecto Epsilon nació en 2002 con el objetivo de que Euskadi contara con un equipo de Fórmula Uno. Se financió fundamentalmente con fondos públicos tanto del Gobierno español como del Ejecutivo vasco y la Diputación de Araba, así como el parque tecnológico del territorio alavés -una de las patas de la iniciativa giraba en torno a la I+D-. Pero el proyecto fracasó dejando un agujero en las arcas públicas, según una comisión de investigación del Parlamento Vasco, de 48 millones de euros.

Su impulsor, Joan Villadelprat, fue condenado en 2013 por la vía mercantil a tres años de inhabilitación para administrar bienes ajenos y a una multa de 900.000 euros por haber asumido deudas “sin la previsión de poder hacer frente a los vencimientos”.

En este segundo proceso, en el que se juzga si el empresario catalán actuó de mala fe al vender Epsilon cuando la sociedad ya estaba quebrada, la Audiencia de Araba considera inocente al empresario catalán, con lo que tanto él como Payne evitan ir a prisión a la espera de conocer si hay recurso ante el Supremo.

Además, la Fiscalía mantiene abierto el proceso por el aval que el Gobierno vasco autorizó a Villadelprat a través del parque de Miñano, en el que está imputado el entonces director de la red de parques tecnológicos, Julián Sánchez Alegría.