madrid - La crisis inmobiliaria y la subsiguiente crisis económica desatada en 2008 sigue pasando factura a la banca española y ayer el Banco Popular se desplomó en Bolsa un 26,5% tras anunciar que necesita con urgencia una ampliación de capital de 2.500 millones de euros, a la vez que comunicaba la supresión del dividendo.

Con estos anuncios, la salida en tromba de los inversores arrastró la cotización del Popular por los suelos y, de paso, la de gran parte de la banca española. No hay que olvidar que los accionistas del Banco Popular han visto caer su cotización solo en lo que va de año en un 43% al cerrar ayer a 1,73 euros la acción pero en los últimos ejercicios la caída ha sido brutal de 30 euros al citado 1,73. Con ello, los accionistas que acudieron a su rescate, mediante otra ampliación en 2012, algunos a crédito, han quedado en una situación muy delicada.

La complicada situación de los mercados financieros en España, donde concentra su negocio -con demanda de crédito nuevo escasa y tipos de interés cero- complica mucho la situación de la entidad presidida por Ángel Ron. La entidad financiera cuesta ahora en Bolsa menos de 3.800 millones de euros. Una cifra impensable, por baja, en los tiempos, ahora tan lejanos, de los hermanos Valls Taberner al frente de la entidad más rentable del Estado español que se permitía el lujo de rechazar una tras otra ofertas de fusión.

Con una clientela fiel, el Popular que durante años fue la entidad financiera de cabecera de instituciones religiosas y pymes, queda ahora en una situación propicia para entrar en las operaciones corporativas que se vaticinan en el sector.

Las acciones de Banco Popular se desplomaron un 26,5%, hasta los 1,732 euros, en la sesión bursátil de ayer, con lo que se situaron niveles de 1992, tras anunciar una ampliación de capital y un nuevo plan estratégico a 2018 con el que busca mejorar su situación actual.

En concreto, el banco presidido Ángel Ron anunció una ampliación de capital de 2.505 millones de euros -se dice en el sector que a 1,25 euros-, o sea con un descuento del 45% con la que pretende reforzar su balance, así como la suspensión del pago de dividendo en 2016, para poder retomarlo en el momento en que el grupo “informe de resultados consolidados trimestrales positivos en 2017”. También ha presentado un plan estratégico hasta 2018 que contempla la reducción de activos inmobiliarios por 15.000 millones de euros.