El déficit se ha convertido en la espada de Damocles para el Gobierno español, mientras que la banca choca contra la pared que pretende levantar Alemania en torno a la deuda. Ambas ideas serán protagonistas en Bruselas durante los próximos días y pondrán contra las cuerdas al Gobierno español en funciones y al sector bancario, salvo que algún sortilegio o pócima milagrosa impidan, por un lado, que España sea el primer país de la eurozona en ser sancionado por el incumplimiento del déficit, y, por otro, que la banca tenga que hacer nuevas provisiones al perder la deuda pública su condición de activo libre de riesgo, tal y como exige Alemania para avanzar en la Unión Bancaria.

En ambos casos la situación no es muy favorable para los intereses españoles. Veamos el primero. Luis de Guindos pretende aumentar en uno o dos años el plazo para reducir el déficit público. Argumentará para ello que el incumplimiento en 2015 se debe a causas ajenas a la voluntad del Gobierno, pero la Comisión estima que las previsiones presupuestarias de Rajoy eran erróneas y que la reforma fiscal fue electoralista y a destiempo, como ya adelantó en el pasado otoño el comisario Pierre Moscovici, quien recibió entonces fuertes críticas desde La Moncloa y ahora, vistos los datos, señala que ha sido utilizado como chivo expiatorio.

Ahora, cuando despunta una desaceleración económica en Europa, el Gobierno español (en funciones) tiene que presentar en los próximos días el nuevo Programa de Estabilidad que será analizado por la Comisión y sólo después se conocerá si hay sanción y su cuantía. Moscovici ya ha adelantado que el margen de maniobra es escaso. Es decir, habrá sanción al tiempo que prórroga en el calendario para reducir el déficit, lo cual no es un consuelo porque la sanción, en sí misma y con independencia de su cuantía, significa un descrédito para Rajoy, que aspira a seguir como presidente del Gobierno, así como un obstáculo insalvable para quienes pretenden aumentar en 60.000 millones de euros el gasto público.

Así las cosas, la banca consiguió jugosas plusvalías, pero ahora tendrán que hacer frente a las exigencias alemanas, avaladas, en cierto modo, por el propio BCE, cuyo presidente ha cargado contra estas prácticas al señalar que las nuevas líneas de liquidez deben ser utilizadas en la concesión de créditos a la economía real.

En estas circunstancias, un parlamento incapaz de consensuar un nuevo Ejecutivo y un Gobierno en funciones sin credibilidad no son los mejores avales para salir del trance.