bilbao - La plantilla de Productos Tubulares, la filial de Tubos Reunidos de Galindo, en Trapagaran, ha rechazado el ERE temporal planteado por la dirección ante la caída de la demanda por los bajos precios del petróleo. Los trabajadores no aceptan el expediente, que les dejaría en casa dos semanas al mes cobrando el 80% del sueldo, según la última oferta de la empresa, y estudian la posibilidad de llevarlo a los tribunales. Aun así el grupo vasco podría aplicar el ERE sin acuerdo desde la semana que viene, aunque aun no ha tomado una decisión.

El parón de las inversiones en el sector del petróleo y gas ha penalizado los resultados de Tubos Reunidos, que el año pasado perdió 16 millones de euros. El grupo ha puesto en marcha un ERE temporal en la planta de Galindo para adecuar la capacidad productiva a la demanda a la espera de que los precios del crudo y la situación del mercado de tubos se normalice.

Se ha planteado trabajar al 50% en la planta de Trapagaran, de forma que la mayor parte de los 400 afectados por el expediente -quedan fuera de esta medida apenas una treintena de trabajadores- irían a trabajar una semana sí y una no durante el tiempo que dure la suspensión, en principio un año. En los periodos en el dique seco, la empresa ha llegado a ofrecer complementar el seguro del paro hasta el 80% del salario. Otra pequeña parte de los empleados vería reducida su jornada pero iría a la fábrica todos los días.

La plantilla rechazó ayer en asamblea el ERE temporal al entender que no está justificado, en la línea de lo que han defendido ELA y LAB desde que el grupo dio a conocer su intención de aplicar un ERE. Los sindicatos recuerdan que, pese a las pérdidas del año pasado, en los ejercicios anteriores el fabricante vasco de tubos obtuvo amplios beneficios.

Con el no de ayer de la plantilla y una vez finalizado el periodo de consultas, la empresa debe decidir si sigue adelante con el expediente o trata de mantener el pulso negociador para contar con el visto bueno de los trabajadores. Fuentes de la compañía explicaron ayer que aun no se ha tomado una decisión, si bien tras la aprobación de la reforma laboral ya no hace falta el visto bueno de la administración para poner en marcha un ERE por lo que, en principio, los resultados negativos darían respaldo legal al mismo.

El comité por su parte explorará si existen garantías para denunciar el expediente ante los tribunales, aunque de momento no se han fijado movilizaciones.