BILBAO - Euskaltel continuó ayer en el ojo del huracán por la importante remuneración que logrará su cúpula directiva por la salida a Bolsa. Son casi 47 millones a repartir entre 25 ejecutivos, a los que hay que sumar el beneficio que lograrán los actuales accionistas por vender un porcentaje o toda su participación en una empresa que ha triplicado su valor en poco menos de 3 años. Esas cifras han hecho que se perciba la operación como un pelotazo y que se hayan generado fuertes críticas desde el ámbito político y sindical por la raíz pública de la empresa.

El proceso sin embargo dejará en torno a 150 millones de euros en la Hacienda vizcaina, según valoran empresarios consultados que, por ello, defienden el programa de incentivos no sólo por su “legalidad”, también por su capacidad de generar ingresos en el territorio en el que nació y opera.

“Podría haberse dado el caso de que en lugar de salir a Bolsa los accionistas vendieran la compañía a otros inversores y se llevaran la sede social y el empleo. Pero se ha apostado por una fórmula que va a dejar mucho dinero en las arcas públicas y por mantener el arraigo en Euskadi”, subrayan.

críticas del gobierno vasco Dos consejeros se sumaron ayer a las críticas que está cosechando el programa de incentivos. Son los máximos responsables de dos departamentos con fuertes connotaciones económicas: la responsable de la política industria, Arantza Tapia, y el encargado de definir la estrategia de lucha contra el paro, Ángel Toña.

En esencia, en el Gobierno se ve con malos ojos que una empresa creada con capital público dedique recursos a premiar a su núcleo duro de directivos en plena fase de recuperación, con un nivel de paro todavía alto y mientras la Administración Pública sigue obligada a gestionar con estreches sus Presupuestos.

Tapia concretó la demanda realizada por su Gobierno, que planteó el martes que se destinen los incentivos a reforzar el anclaje de Euskaltel con la CAV. El Ejecutivo pide a los beneficiarios del programa que renuncien a vender el paquete de acciones que recibirán por valor del 50% del bonus y se mantengan como parte del capital social más allá del año al que se han comprometido. Además, les reclama que compren acciones con el dinero restante, la otra mitad del bonus. En ese caso, la dirección controlaría cerca de un 2% del capital.

Lakua también ha trasladado esta propuesta a la empresa, a pesar de que se trata de una decisión personal de cada ejecutivo. La consejera de Desarrollo Económico fue dura en el tono y el fondo, en consonancia con el malestar que ha generado en Lakua una operación que abre un nuevo ciclo en el operador de telecomunicaciones que impulsó en 1995 el Gobierno de José Antonio Ardanza. Cobrar los bonus “no es el modelo de Euskadi, no es el modelo de empresa por el que estamos trabajando en este país”, criticó Arantza Tapia.

retorno fiscal La consejera reconoció en los micrófonos de Radio Euskadi que ha hablado con los máximos responsables de Euskaltel, pero no desveló el contenido de la conversación. En todo caso, la dirección de la compañía no le ha convencido con sus argumentos. Entre ellos, con toda probabilidad le trasladaron el retorno vía impuestos de la operación, así como el “compromiso voluntario” de reinvertir el 50% del incentivo en acciones de la compañía.

Según las estimaciones iniciales, el programa de incentivos reportará cerca de 22 millones de euros a la arcas de Bizkaia. De los casi 28 millones restantes, 16 se convertirán en acciones, que se traducirán en nuevos ingresos fiscales si su venta genera rendimientos financieros en el futuro.

Las plusvalías que se producirán con la colocación en la bolsa reportarán más de 110 millones. De modo que la factura final superará previsiblemente los 150 millones.

Además, la compañía destaca que los incentivos no saldrán del capital de la empresa, sino de la rentabilidad obtenida por los accionistas en la oferta pública de venta. No se tocará un euro de la caja.

150

millones de euros aproximadamente reportará la salida de Bolsa de Euskaltel a la Hacienda vizcaina, según fuentes empresariales.

Los ingresos. El plan de incentivos que se cobra con la oferta pública de venta dejará 22 millones en las arcas de la Diputación foral. Las plusvalías por la venta de acciones generaran más de 110 millones y además los beneficiados recibirán 16 millones en acciones, que tendrán impacto fiscal en el futuro.