BILBAO - Todos los sindicatos mostraron ayer su apoyo al nuevo consejero vasco de Empleo, Ángel Toña, tras hacerse pública una sentencia judicial que le inhabilita como administrador concursal por un periodo de 18 meses. La Audiencia Provincial de Bizkaia considera que Toña desbordó los límites de la ley al relegar el pago de las deudas a la Seguridad Social para buscar la viabilidad de un grupo empresarial y hacer efectivas las indemnizaciones de sus trabajadores durante el proceso concursal.

Aunque hubo partidos que pidieron su cese, los representantes de los trabajadores no ocultaron su comprensión por la decisión del consejero de “anteponer los derechos de los trabajadores a otros pagos”. Toña explicó ayer al lehendakari los pormenores de la sentencia del tribunal y ha puesto su cargo a disposición de la Comisión de Código Ético del Gobierno Vasco. Un día después de jurar el cargo, la publicación del fallo en el diario Gara sembró dudas en torno a la figura del encargado de liderar la lucha contra el paro del Ejecutivo y una materia tan sensible como la Renta de Garantía de Ingresos.

Las nubes amenazaban tormenta, pero la sintonía mostrada por las centrales sindicales y la lectura de la actuación, que no supuso ningún beneficio personal para Toña más allá del cobro de su salario, pararon de momento el golpe. Solo el PP y EH Bildu se mostraron críticos. Y en el caso de la izquierda abertzale la opinión de sus parlamentarios contrastó con la de LAB. La propia Ainhoa Etxaide respaldó personalmente la actuación del hoy consejero. Así, explicó que su sindicato ha colaborado con Toña en la causa juzgada y que “no ha visto nada que denunciar”.

Toña participó entre 2007 y 2008 en el concurso de acreedores de un grupo de empresas vizcaínas -Fundifes, Otsaila XXI y Bator Gestión 2004- como administrador judicial y fue denunciado por la Seguridad Social y cinco trabajadores por relegarles en el lista de acreedores. El consejero antepuso las indemnizaciones de los cerca de 200 trabajadores que se quedaban sin empleo y participó en un plan de viabilidad con el que se pretendía posibilitar la reapertura de las tres empresas que conformaban el grupo. El intento, de cierta complejidad porque incluía recalificaciones de los terrenos en Durango, fracasó en medio del estallido de la crisis, según reconoce la sentencia, y las compañías se liquidaron sin satisfacer las deudas con la Seguridad Social.

La sentencia está firmada el 8 de enero, pero no fue comunicada a las partes hasta el miércoles de la semana pasada, casi un mes después, justo la víspera de que se hiciera público que Toña era el sustituto de Juan Mari Aburto. El consejero aseguró ayer que su actuación en el proceso concursal es una “práctica habitual”, una apuesta de cierto riesgo, que si hubiera cristalizado habría satisfecho todos los intereses. Al margen de las lecturas políticas, la interpretación judicial de los pasos dados por Ángel Toña no es sencilla. De hecho, la Audiencia corrige ahora el fallo recurrido de otro tribunal que desestimó en enero de 2013 la demanda de la Tesorería de la Seguridad Social y los otros cinco denunciantes.

apoyo sindical Los sindicatos creen que no hay caso Toña. Defienden el proceder del entonces administrador concursal y estiman que la rigidez de la normativa obliga a buscar resquicios para que los trabajadores “no siempre salgan perdiendo”, en palabras de Etxaide.

También se movió en esos términos el líder de CCOO, Unai Sordo, quien no ve “moralmente reprobable” la actuación aunque pueda existir “una irregularidad”. En su opinión, el cese del consejero sería una decisión “drástica”. Para ELA “no hay motivos para el reproche” porque Toña buscó únicamente “mantener el máximo empleo posible”. En un comunicado, UGT recalcó que en los procesos concursales hay “intereses contrapuestos” y que las decisiones a adoptar para “garantizar la viabilidad” de las empresas “son siempre difíciles”.

Entre los partidos, sólo el PSE dejó espacio para la cautela. Los socialistas prefirieron no opinar hasta que el Gobierno Vasco dé explicaciones. En esa línea, si el lehendakari no se pronuncia hoy sobre el tema, aprovecharán una pregunta sobre políticas de empleo del pleno de mañana viernes para que lo haga.

En cambio, el PP llevó la sentencia a un terreno en el que se siente muy cómodo: la controversia que alimenta en torno a la RGI. Lo hizo además el actor más beligerante, el alcalde de Gasteiz, Javier Maroto, quien aseguró que con Ángel Toña se ha pasado de “Guatelama a guatepeor”, porque “quien debe poner rigor a los abusos de las ayudas sociales” ha sido “condenado e inhabilitado por cumplir la ley”. Tanto Maroto como el presidente de su partido en Gipuzkoa, Borja Semper, consideran que es insostenible que continúe como consejero. UPyD también pidió su destitución.

Los primeros en reaccionar, con una comparecencia en el Parlamento, fueron Marian Beitialarrangoitia y Dani Maeztu (EH Bildu), que pidieron el cese de Toña por “no ser capaz de velar por los derechos de los trabajadores”, justo todo lo contrario de lo que opinan los sindicatos.