Basagoiti y un consejero de López pidieron a Mario Fernández que colocara a Cabieces

Fernández y Cabieces prestaron ayer declaración ante la fiscal de la Audiencia de Bizkaia Carmen Adán del Río, que investiga las supuestas irregularidades asociadas al incremento, entre febrero de 2012 y noviembre de 2014, en 243.592 euros de la iguala del bufete de abogados Alcorta & Asociados por la prestación de servicios a Kutxabank en un período de tres años que coincide con la incorporación de Cabieces al bufete en su condición de abogado laboralista. En una nota de prensa posterior, el expresidente de Kutxabank señaló que “un líder del PP” solicitó su colaboración para facilitar una salida laboral a Cabieces.

Según ha podido saber este diario, se trata del expresidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, quien actuó en ese sentido junto a un consejero del Gobierno que en aquel momento presidía Patxi López. PSOE y PP buscaban reproducir su acuerdo de caballeros según el cual el relevo del representante de Interior en Euskadi se acompaña de una alternativa laboral. En el pasado, anteriores delegados del Gobierno fueron asignados a puestos diplomáticos que les permitían alejarse físicamente del Estado como medida de seguridad por la amenaza de ETA.

El nombramiento de Carlos Urquijo como delegado del Gobierno el 5 de enero de 2012 debía haberse visto acompañado de una medida similar para Mikel Cabieces pero, en el entorno de cese de la violencia anunciado por ETA, éste rechazó abandonar Euskadi por circunstancias familiares.

Advertencia de Basagoiti Pese al origen de la operación, una de las voces que primero sugirieron una interpretación política de las informaciones publicadas, hace una semana, fue precisamente la de la actual presidenta del PP vasco, Arantza Quiroga, quien reclamó a PSE y PNV explicaciones. “¿Os imagináis que esto le pasara al PP?”, llegó a preguntarse públicamente.

Según ha confirmado a este diario, el tono de estas declaraciones, a las que se sumaron otros miembros del PP como el presidente del partido en Bizkaia, Antón Damborenea, llevaron al propio Antonio Basagoiti a advertir a responsables de su partido el pasado fin de semana de la naturaleza real del asunto y, por tanto, de la implicación del PP en el mismo a través de una llamada telefónica realizada desde México, donde vive desde que abandonó la política y se reincorporó al Banco Santander.

Sorprendentemente, el tono de los representantes del Partido Popular no ha variado y hasta ayer mismo ha continuado señalando una supuesta responsabilidad del PNV en toda la operación. El presidente del PP guipuzcoano, Borja Sémper, volvía ayer a hablar de “indicios serios de manoseo por parte del Partido Socialista y del Partido Nacionalista Vasco”, aunque en su partido constaba desde hace varios días que la operación era a iniciativa de su expresidente en coordinación con un consejero socialista.

La sucesión de declaraciones acusatorias de toda esta semana y el tono del reproche hacia otros partidos, estaría causando malestar en el seno del propio PP del País Vasco, que ahonda las diferencias entre corrientes internas, y dónde algunas voces consideran un error insistir en él por parte de quienes deberían tener constancia de la implicación del partido en el origen de la operación, lo que puede ahora volver contra sí las críticas vertidas.

Solución diseñada en el banco En respuesta a estas peticiones, Mario Fernández habría aceptado una solución -sugerida, según afirmó ayer el propio Fernández en un comunicado de prensa, por el responsable de Recursos Humanos del banco, Fernando López de Eguilaz- que no suponía la incorporación del exdelegado socialista al banco pero permitía asegurar una salida profesional vinculada a la actividad del mismo en unos términos que, entonces y ahora, consideró lícitos, como defendió ayer a su salida del juzgado.

La incorporación de Cabieces a Alcorta & Asociados, que ya prestaba servicios a Kutxabank, supuso el ya conocido incremento de la iguala, de la que saldría el salario mensual de 6.000 euros del exdelegado mediante un acuerdo con una vigencia de tres años desde febrero de 2012. En esas fechas, López de Eguilaz, recibe el beneplácito del presidente de aplicar esas condiciones acordadas. Según ha podido informarse este periódico en el propio banco, el procedimiento aplicado incluyó la comunicación de la medida al entonces director general, Ignacio Sánchez Asiain, quien no habría puesto objeción alguna.

De hecho, el asunto no había vuelto a suscitar atención hasta que, como recordó ayer Mario Fernández, en octubre del año pasado, López de Eguilaz y Sánchez Asiain recomiendan la liquidación anticipada del contrato, hecho que se produce el 10 de noviembre, con el pago de las cuatro mensualidades restantes de la iguala diecisiete días antes de la dimisión de Mario Fernández como presidente de Kutxabank.

Notificación a Villalabeitia Con el asunto supuestamente resuelto antes del cambio de presidente, al cabo de un mes el responsable de Recursos Humanos lo pone sobre la mesa del recién nombrado, Gregorio Villalabeitia. Lo hace por escrito, el 12 de diciembre pasado, dejando una constancia del asunto que no da opción a más reacción del nuevo presidente que la solicitud de apertura de una auditoría.

En el banco, la opinión general es que López de Eguiluz tampoco actuaría esta vez por su cuenta y riesgo sino con el conocimiento de su superior, el director general Sánchez Asiain. Villalabeitia da orden de iniciar la auditoría de la operación a mediodía de ese mismo 12 de diciembre, como consta en el propio texto de la auditoría, al que ha tenido acceso este diario.

Este dato demuestra que Villalabeitia actúa con absoluta independencia, con criterio ejecutivo y sin comunicar previamente el asunto al Consejo o a ningún tercero. De hecho en su nota de prensa, Mario Fernández apuntaba ayer que Villalabeitia no le comunica hasta el 12 de enero que el incremento de la iguala a Alcorta & Asociados puede ser considerado un perjuicio a Kutxabank, cuando la auditoría ya está concluida y el propio presidente ha hecho ya una primera comunicación al Consejo de Administración en su reunión de diciembre.

Sin embargo, en esa reunión, el presidente no aporta nombres en relación a la operación, contra lo que se ha publicado en algunos medios. Villalabeitia anuncia a los consejeros la existencia de la supuesta irregularidad y les comunica que la información está a su disposición, aunque ninguno de los presentes decide consultarla y no toman conciencia del hecho hasta el Consejo de la semana pasada, momento a partir del cual se filtra a la prensa.

La declaración de Mario Fernández ayer muestra su indignación al recordar que Villalabeitia le dio a entender el 12 de enero que la restitución por su parte de los 243.592 €, cerraba el asunto y no, como interpreta, que ese gesto suyo pueda llegar a ser utilizado contra él.