bruselas - Durante el verano de 2012, ante los continuas dudas de los inversores, el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, prometió hacer “todo” lo que fuera necesario para salvar al euro lo que semanas después se traducía en el anuncio de un programa de compra de deuda pública ilimitada de los países de la Eurozona en los mercados secundarios que fue cuestionado por políticos y juristas alemanes. El Tribunal Constitucional alemán elevó el caso a la Corte europea y ayer el abogado general del Tribunal de Justicia de la UE, Pedro Cruz, daba en un dictamen preliminar luz verde al plan -que nunca se ha puesto en marcha- argumentando que “en principio” no vulnera el Tratado siempre que se cumplan ciertas condiciones.

Se trata de un dictamen muy esperado ante la próxima reunión del BCE, el 22 de enero, en la que Draghi podría hacer realidad sus afirmaciones y pasar a la acción. El dictamen sostiene que la nueva herramienta planteada por el BCE entra dentro de su mandato, que es proporcional y “puede considerarse lícita a condición de que, cuando llegue la hora en que haya de aplicarse se cumplan estrictamente el deber de motivación y las exigencias derivadas del principio de proporcionalidad”.

Además, el alto funcionario defiende que deberá aplicarse de forma temporal, con precios de mercado y siempre que el BCE se abstenga de participar en la troika si llega a comprar deuda de uno de los países rescatados. Frente a los argumentos de la corte germana, el abogado responde que el BCE debe gozar de “un amplio margen de precisión” para diseñar y ejecutar la política monetaria y advierte que los tribunales deben contenerse en estas cuestiones porque “carecen de la especialización y experiencia del BCE en la materia”. Aunque faltan meses para que la Corte dicte sentencia, en un 80% de los casos los jueces siguen la recomendación realizada por el abogado general.