Hace quince días que la Comisión Europea lanzó un expediente formal contra Luxemburgo para comprobar si las multinacionales Amazon y Fiat se beneficiaron durante años de un trato fiscal especial pero el caso podría esconder un esquema generalizado de ayudas públicas. Un investigación realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación ha conseguido documentar ahora que la hacienda luxemburguesa firmó pactos secretos a la carta con al menos 343 grandes corporaciones -desde Apple hasta Pepsi, Burberry, Heinz, Dyson o Ikea además de las dos que están ya siendo investigadas- que habrían canalizado sus beneficios a través del Gran Ducado a cambio de impuestos mucho más bajos y eludiendo el pago de miles de millones de euros otros Estados miembros con una fiscalidad menos ventajosa, como es el caso de España.
Los 548 acuerdos ocuparían 28.000 páginas, fueron negociados muchos de ellos por una de las mayores consultoras mundiales, PricewaterhouseCoopers, y se habrían firmado entre 2002 y 2010 con el objetivo de reducir al mínimo los impuestos a través de complejas estructuras que permitían a las multinacionales tributar sus beneficios no donde fueron generados sino en Luxemburgo. Según el esquema, las empresas podrían llegar a pagar menos del 1% sobre sus ganancias frente al 29% vigente en Luxemburgo. Lo curioso del caso es que todo ocurrió cuando el actual presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, era ministro de finanzas (entre 1989 y 2009), primer ministro luxemburgués (1995-2013) e incluso presidente del Eurogrupo (2005-2013).
Su portavoz, Margaritis Schinas, intentó minimizar lo que se conoce ya como Luxleaks reduciéndolo a “un caso típico de ayudas de estado” en vez de un problema de fiscalidad y recordando que hay otros países sujetos a investigación por cuestiones similares (Irlanda y Holanda). Tampoco quiso aclarar si Juncker conocía los pactos secretos y si participó en su negociación y sí dijo que se ha tomado este asunto, que le estalla en su primera semana como presidente de la Comisión, con serenidad. “Está sereno. Si fuera un adolescente utilizaría el término cool pero lo dejaré en sereno”, explicó sobre el estado de ánimo de un Juncker que anuló ayer a última hora su participación en un foro con otros dirigentes y representantes económicos en Bruselas.
La Comisión, en todo caso, no descarta tener que ampliar la investigación -admiten informalmente que examinan nuevos casos- que está en manos de la comisaria de competencia, la danesa Margrethe Vestager. Ayer a la luz de la marejada en torno a su jefe indicó que no se ha “formado una opinión sobre estos acuerdos y un posible seguimiento por parte de la Comisión” pero que estará “vigilante”, dijo en un comunicado en el que admite que los acuerdos fiscales son práctica común pero que podrían esconder ventajas indebidas si se permiten aplicar bases fiscales más favorables de lo que corresponde a las condiciones del mercado.
El Gobierno de Luxemburgo, mientras tanto, prometió de nuevo cooperar “plenamente” con Bruselas aunque insiste en que existen divergencias sobre la cantidad de información que tienen que remitir al Ejecutivo comunitario. Su postura: los acuerdos son “legales” y respetan la legislación del país, la europea y la internacional, aunque admiten que podrían llevar a que grandes empresas reduzcan al mínimo el pago de impuestos. “Lo que es legal hoy puede no ser eticamente deseable o compatible con las reglas que deseamos introducir”, reconoció su titular de finanzas, Pierre Gramegna. “No es una solución satisfactoria pero un país no la puede resolver solo”, añadió apuntando que solo habrá cambios si hay un acuerdo internacional. Hasta donde llegará este nuevo escándalo está por ver. Ayer hubo pocos ministros de la UE que reaccionaron. Sí lo hicieron el francés Michel Sapin o el español Luis de Guindos que dijo “no puede haber acuerdos que no estén a la luz pública”. Desde la Eurocámara, los principales grupos políticos socialistas, liberales y la izquierda Europea pidieron explicaciones y la comparecencia de Juncker.