El Gobierno de Cantabria afirmó ayer que la Comisión Europea ha “avalado y legitimado” el plan de comercialización de suelo industrial promovido por el Gobierno cántabro para captar nuevas inversiones industriales en el territorio montañés. En un informe de evaluación emitido a raíz de la denuncia presentada por la Diputación Foral de Bizkaia, la Dirección General de la Competencia de Bruselas concluye, según fuentes del Ejecutivo de Cantabria, que la oferta de suelo industrial, polémica por incluir que los cinco primeros años no tiene coste alguno para las nuevas empresas instaladas, “encaja perfectamente en la normativa comunitaria y no constituye ayuda de Estado”.
Si se confirma oficialmente está aclaración porque ayer el portavoz de Competencia en Bruselas, Antoine Colombani afirmó, según informa Silvia Martínez, que “la evaluación de la Comisión Europea sigue en marcha y no se ha adoptado ninguna decisión formal”, se pondrá punto final a la polémica generada tras conocerse que una empresa vasca, la siderúrgica alavesa Tubacex había decidido instalar una nueva filial de acabados en Marina de Cudeyo, planta que curiosamente no se acogía a la oferta concreta de suelo industrial, que criticó la institución foral vizcaína.
Fuentes del Ejecutivo de Santander, según Efe, señalaron que la Comisión Europea (CE) ha concluido que las políticas de suelo industrial impulsadas por el Gobierno de Cantabria para atraer empresas a la región “encajan perfectamente” en la normativa comunitaria y no constituyen ayudas de Estado”, ratificaron el presidente cántabro, Ignacio Diego, y el consejero de Industria, el físico Eduardo Arasti.
El máximo dirigente cántabro señaló que la decisión europea, que aún puede recurrirse ante la propia Comisión Europea, “legitima, avala y refuerza” la política industrial cántabra frente a la denuncia planteada por la Diputación Foral de Bizkaia y, con ello, “queda zanjada” la “polémica” suscitada con las instituciones vascas.
Como se recordará, tras conocerse la decisión de Tubacex de instalar una nueva factoría en Cantabria, desde la Diputación Foral de Bizkaia se cuestionó la política de ayudas públicas en relación a favorecer la instalación de nuevas empresas y se transmitió una consulta a Bruselas sobre si dichas medidas que incluían facilitar cinco años de suelo gratis, un precio predeterminado y una línea de financiación especial, todo ello condicionado a unos compromisos mínimos de permanencia, inversión y empleo, podrían ser consideradas ayudas de Estado.
Tras el anuncio de Cantabria de que las medidas no son contrarias a la normativa comunitaria, fuentes de la Diputación de Bizkaia aseguraron que la institución foral acepta las decisiones de los tribunales”, y “obviamente, las que proceden de la UE”, lo que “produce seguridad jurídica para todos”.
Ignacio Diego aprovechó la ocasión para señalar que la resolución comunitaria “avala de forma concluyente” el plan cántabro, que cobra así más importancia y “mayor envergadura a nivel nacional y europeo”, y no dudó en efectuar un llamamiento a los empresarios vascos, y en especial a los vizcaínos, para que se acerquen a conocer las posibilidades que les ofrece Cantabria.
El presidente de Cantabria no dudó en expresar en tono irónico su agradecimiento a la Diputación de Bizkaia por la “publicidad gratuita” que ha hecho a Cantabria “a nivel nacional e internacional”. El Ejecutivo cántabro afirmó que la medida ha favorecido la instalación de 34 empresas en unos 105.000 metros cuadrados de suelo público con unas inversión por importe de 50 millones de euros.
