Luxemburgo fija hoy la multa a las diputaciones

Una vez conocida la cifra que tendrán que satisfacer las haciendas forales se abrirá otro frente en casa: la negociación sobre el reparto de la multa. Una cuestión complicada sobre la que, en principio, Europa no sentará ninguna base. A ojos de la Justicia comunitaria solo hay un culpable, el Reino de España, pero el Estado pasará la factura a Euskadi. El escenario del diálogo entre las diputaciones contará a partir de hoy con todas las piezas y la intención es alcanzar un acuerdo lo más rápido posible con el objetivo de zanjar una cuestión a la que han dedicado demasiados esfuerzos las administraciones vascas.

La lectura de la sentencia del Tribunal de Luxemburgo se realizará al as 9.30 horas en la Gran Sala, el marco que la Justicia comunitaria escoge para resolver los grandes procesos. La Comisión Europea ha puesto un gran empeño en este litigio y solicitó una multa de 64 millones de euros, la más elevada jamás pedida en Europa para una administración pública, en su intento de imponer una sanción "ejemplar". El objetivo es que se visualice el escarmiento para evitar que otras haciendas se rebelen, como entiende Bruselas que ha ocurrido en el caso de las diputaciones.

Aunque las ayudas declaradas ilegales fueron revocadas poco después de abrirse el expediente sin esperar a que se formalizara su nulidad, Euskadi y Europa han mantenido durante años diferencias en torno al cálculo del dinero a reintegrar por parte de las empresas. Sin margen para la negociación -técnicamente ni siquiera se ha abierto un diálogo-, Bruselas ha interpretado todos los pasos de las haciendas forales en clave de desafío.

el papel de almunia Hasta el punto de que el departamento comunitario de Competencia, que dirige el bilbaino Joaquín Almunia, llegó a pedir una segunda multa de 236.000 euros al día hasta que se acataran sus exigencias y como castigo al comportamiento de la CAV. Almunia retiró esa petición tras constatar que se habían recuperado ya todas las ayudas, pero el gesto ha dejado un poso de hostilidad. También algunas declaraciones del exsecretario general del PSOE, que afirmó que por su origen vasco su obligación es ser especialmente vigilante con las cuestiones relacionadas con Euskadi. La administración vasca, por su parte, le pidió el mismo trato que reciben otras instituciones: "que no nos dé, pero que tampoco nos quite".

La multa no alcanzará previsiblemente el montante reclamado por Competencia. La abogada general del Tribunal de Justicia Eleanor Sharpston rebajó considerablemente la sanción en sus recomendaciones a los jueces. Sharpston, cuyo cargo es homologable al de un fiscal en la justicia ordinaria, propuso una multa de 50 millones y la opinión de la abogacía general es asumida por el tribunal en el 80% de los casos.

Esa circunstancia sitúa a las diputaciones forales a las puertas de una fuerte sanción, que seguirá siendo la más alta impuesta por Europa a una administración pública precisamente porque se busca una multa que "disuada" a otros gobiernos. Será con todo una cantidad pequeña en comparación con las sanciones económicas del sector privado. La más elevada en ese caso es la impuesta a seis bancos por manipular las referencias hipotecarias Euríbor y Libor, la suma de las sanciones superó los 1.712 millones.

Otra forma de contextualizar el impacto de la sanción es compararla con los ingresos fiscales de la CAV. Bizkaia ya ha recaudado en el primer trimestre más de 53 millones solo en concepto de Impuesto de Sociedades. Y los ingresos conjuntos de las haciendas forales rondan los 2.500 millones hasta marzo. Aunque tendrá incidencia económica en plena salida de la crisis, la multa no supondrá un terremoto para las arcas públicas vascas. El propio portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, afirmó a principios de año que se trata de "una cuestión menor" porque durante el proceso se han despejado todas las incertidumbres que rodeaban la autonomía fiscal vasca. No se pone en cuestión el sistema, sino una actuación muy concreta y, a pesar de que tanto las diputaciones como el Estado español continúan defendiendo que obraron dentro de la legalidad, la derrota deja al menos el buen sabor del reconocimiento judicial del autogobierno vasco.

El tirón de orejas dolerá más a las administraciones que la sanción, si bien las tres intentarán minimizar el impacto en sus arcas. La lectura de la sentencia abrirá la caja de pandora de una negociación que se intuye hasta cierto punto compleja y en la que, en cualquier caso, las diputaciones están condenadas a entenderse. Además, existe una clara predisposición a resolver cuanto antes el reparto de la multa y poner punto y final al litigio.

Todavía no se ha decidido si se convocará un consejo de finanzas extraordinario para analizar la cuestión. En ese caso, se reforzará el papel de mediación del Gobierno vasco en el diálogo, un rol que ha permitido deshacer los últimos nudos creados por el constante tira y afloja entre las diputaciones a la hora de repartir los ingresos.

Sobre la mesa hay varias propuestas, la última expresada la semana pasada por Araba plantea que el Ejecutivo vasco se haga cargo del 70% de la multa ya que ese es el porcentaje que recibe de la recaudación de las haciendas forales. Un reparto en el que están incluidas las ayudas recuperadas por las diputaciones. A esa idea se sumó ayer la Diputación guipuzcoana, pero el Departamento de Hacienda prefiere esperar a la sentencia antes de hablar del reparto.

La Diputación alavesa también ha sugerido la posibilidad de que el propio Estado asuma parte de la sanción, si bien no ha aclarado si ese planteamiento nace de una lectura compartida con el Gobierno de Mariano Rajoy, a la postre el líder de su partido.

De lo que no hay duda es de que Araba es la más interesada en que el reparto no se haga en función del criterio que propone Bizkaia, que cada hacienda foral pague en función de las ayudas que concedió. En ese caso la diputación alavesa afrontaría un 65% de la multa.

reparto de la devolución Hay otras variables, como el momento en el que cada hacienda recuperó las ayudas concedidas a las empresas: Bizkaia fue la primera que lo hizo, Gipuzkoa acabó el proceso a finales de 2013 y Araba, algo antes. Son cuestiones que el Tribunal de Luxemburgo podría tener en cuenta a la hora de redactar la sentencia, si apuesta por establecer un reparto de la culpa de cada administración y fijar multas estancas.

También cabe la posiblidad de que se rebaje la multa teniendo en cuenta el momento en el que fueron devueltas la mayor parte de las ayudas. La Justicia europea declaró ilegales las vacaciones fiscales vascas en diciembre de 2006 y las haciendas forales llamaron a la puerta de las compañías que habían disfrutado de los incentivos para que los devolvieran a principios de 2007.

Sin embargo, descontaron el dinero de las deducciones que podrían haber disfrutado las empresas sinose hubieran acogido las vacaciones. Es el concepto de mínimis, las ayudas que tienen un impacto muy bajo en la competencia y que no requieren de la aprobación del Ejecutivo europeo. Ahí empezó el enfrentamiento que ha desembocado en la multa. La Comisión ordenó que se recuperara todo el dinero y la CAV defendió su postura para no perjudicar a los empresarios.

Las tres diputaciones acataron el criterio de Bruselas recuperación de las ayudas tras la sentencia de abril de 2011, cuando Luxemburgo falló a favor del aparato comunitario. Se inició entonces una segunda ronda de reclamación de ayudas a las empresas, pero el ritmo fue muy lento por la debilidad de las empresas en la crisis. La Justicia Europea podría tener en cuenta esa circunstancia en la multa. No se espera sin embargo que el tribunal se pronuncie en relación al criterio de mínimis, como le solicitaron a finales del año pasado las diputaciones y la abogacía del Estado. Si lo hiciera dando la razón a Euskadi no cabría lugar a ninguna multa. Una posibilidad que no está ni entre las opciones de los más optimistas.