BILBAO. Según ha informado el Ministerio de del Interior, entre las personas que han sido puestas a disposición judicial se encuentran beneficiarios de los contratos, integrantes de la red y el máximo responsable, y además se ha procedido a la detención de catorce reclusos que en la actualidad disfrutaban del tercer grado penitenciario (régimen abierto).
La operación continúa abierta por lo que no se descartan nuevas actuaciones y arrestos, y las investigaciones se realizan sobre otras personas españolas y extranjeras, principalmente de nacionalidad marroquí.
Las personas que pagaban por la obtención de estos contratos buscaban principalmente el cobro de prestaciones por desempleo, la obtención de permisos de residencia en el caso de los extranjeros y el acceso a beneficios penitenciarios como el tercer grado.
Los implicados ocasionaron un gasto a la Administración en forma de cotizaciones, prestaciones por desempleo y demás conceptos superior a los 2.600.000 euros, cantidades que ya están siendo reembolsadas a los organismos correspondientes.
La operación ha sido posible gracias a la colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, la Inspección de Trabajo y la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Se inició al tener conocimiento la Guardia Civil de Cádiz de la existencia de un entramado liderado por un vecino de la localidad gaditana de Jerez de la Frontera que estaría creando empresas fantasma al frente de las cuales figuraban como administradores únicos en la mayoría de los casos toxicómanos con gran cantidad de antecedentes penales a los que se les pagaba por figurar como tales.
Para la creación de estas empresas el entramado actuaba en connivencia con gestores autorizados en la red de la Tesorería General de la Seguridad Social.
El entramado llegó a montar hasta diez empresas y tenía una gran cantidad de trabajadores en su nómina.
Las investigaciones desvelaron que no se cumplía con los pagos y obligaciones con los distintos organismos implicados como los abonos de obligaciones fiscales y laborales contraídas por las empresas y los supuestos trabajadores.
Se concretó que no tenían actividad de ingresos y gastos de bienes o servicios, por lo que quedó patente que se trataba de empresas simuladas creadas con el único fin de dar de alta a falsos trabajadores para obtener prestaciones por desempleo, regularización de estancia de extranjeros y lograr situaciones penitenciarias favorables como el tercer grado.
Por medio de este sistema el entramado y sobre todo su líder obtenía cuantiosos beneficios económicos ya que a todos los trabajadores a los que se daba de alta en las empresas se les cobraba una cantidad económica en función de las necesidades concretas.
Además, a estas personas se les decía que tenían que abonar el coste que para cualquier empresa supone tener a un trabajador, como seguros sociales y retenciones a cuenta, cantidades que iban a parar al cabecilla y que nunca llegaban a la Administración.
Debido a la gran cantidad de detenciones que se han realizado por toda España, la Guardia Civil de Cádiz ha contado con el apoyo de distintas comandancias.
