Madrid. El Gobierno español ha ampliado tres meses el plazo para que las empresas se acojan al denominado IVA de caja -pagar el impuesto cuando se cobra la factura-, cuyo último día era, en principio, el 31 de diciembre. A esta opción se pueden apuntar las empresas cuyo volumen de operaciones no supere los dos millones de euros.
El objetivo de la medida es evitar que pymes y autónomos con facturas sin cobrar deban adelantar el IVA a Hacienda antes de cobrar sus deudas, una circunstancia que agrava la falta de liquidez que padecen. Sin embargo, las grandes empresas que sean clientes de las compañías inscritas en el IVA de caja no podrán deducirse el impuesto hasta que abonen sus facturas y, al mismo tiempo, tampoco podrán retrasar el pago a Hacienda hasta que cobren sus propias facturas.
Esa situación está ralentizando la inscripción de las pymes, que temen que sus grandes clientes penalicen a las empresas que figuren en el listado del IVA de caja. Todo apunta a que el PP ha ampliado el plazo ante el fracaso de la iniciativa.
Según la Hacienda estatal, esta medida podría beneficiar a 1,3 millones de personas físicas y más de 1 millón de pymes. Los analistas estiman que el miedo a quedarse fuera de los contratos dejará el número en torno a 200.000.
