VITORIA. Las compañías eléctricas han decidido entrar de lleno en la pelea abierta tras anular el Gobierno español el tarifazo que iba a fijar el precio de la energía para el próximo trimestre con una subida del recibo de la luz aproximada al diez por ciento. La Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa) arremete contra el ministro de Industria, José Manuel Soria, por lanzar contra las empresas eléctricas acusaciones "muy graves" de manipulación de los precios, de fracasar con su reforma energética y de "cargar sus errores" sobre empresas y consumidores.

La patronal de las eléctricas hizo público ayer un comunicado en el que afirma que las compañías manifiestan "su absoluto rechazo a las graves alusiones" lanzadas por Soria en las que sugiere que ha habido un comportamiento irregular de dichas compañías en la reciente subasta de la CESUR.

El anuncio de rebelión de las eléctricas se produjo poco después de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicara ayer mismo la resolución de la Secretaría de Estado de Energía por la que se determina que la subasta entre comercializadoras de último recurso (Cesur) del pasado jueves ha sido "anulada a todos los efectos". Esta decisión se apoya en la resolución del pasado viernes de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) por la que aseguraba no procedía validar la subasta eléctrica "ante la concurrencia de circunstancias atípicas en el desarrollo de la misma y en un contexto de precios elevados en el mercado diario durante las semanas previas".

En el texto se detallan esas circunstancias esgrimidas por la CNMC. Una de ellas es un volumen calificado agregado antes de iniciarse la subasta inferior en un 11,5% al de otras subastas con volumen subastado similar, arrojando una ratio de elegibilidad (volumen calificado/volumen subastado) un 10,4% inferior a la de dichas subastas. Asimismo, se detectaron retiradas de volumen agregado por ronda superiores en términos relativos a las acontecidas en anteriores subastas. La Comisión de Competencia argumentó también un conocimiento por parte de los agentes, en rondas muy tempranas, del exceso de oferta en tramos inferiores al tramo ciego (superior al 200% de exceso).

Para Competencia, esto llevó a una temprana finalización de la subasta, en concreto en la ronda siete, siendo la ronda de cierre más temprana de todas las subastas Cesur celebradas, que en ningún caso cerraron antes de la ronda doce.

En una entrevista al diario Abc, el ministro declaró ayer que "ha habido una clara manipulación o actuaciones para modificar los precios" y añade que "existe mucha preocupación en los cuarteles generales de las eléctricas". Para Unesa, esta declaración "parece querer sugerir que las empresas eléctricas han perturbado el normal funcionamiento de una subasta en la que ellas no suponen más allá del 10% de la oferta total, pues el grueso de las operaciones las realizan entidades financieras y traders extranjeros de energía", explica Unesa.

Para la patronal eléctrica, se trata de "una acusación muy grave" por parte de un administrador público y recuerda que los supervisores de Competencia no detectaron in situ ninguna irregularidad en el desarrollo de la subasta y el informe en las primeras conclusiones publicadas en el BOE no alude, en absoluto, a una "manipulación burda de los precios" y sí, en cambio, a errores técnicos.

Considera la patronal que estas declaraciones suponen "un claro menosprecio a la honorabilidad de los gestores y miles de empleados de las compañías eléctricas, al haberse realizado en un tono y con unos términos que sugieren que se podría haber incurrido en algún género de responsabilidad". La asociación recuerda que las condiciones de la subasta las fija el regulador y las empresas eléctricas "tienen un papel absolutamente marginal en el precio resultante" de esa subasta.

La patronal considera que "la reforma carga los errores del Gobierno sobre empresas eléctricas y consumidores que han hecho un esfuerzo multimillonario para financiar una reforma que ha fracasado el mismo día en el que fue aprobada. Esto sí que es motivo de preocupación en las sedes de las empresas eléctricas", subraya.Por todo ello, ha exigido que se clarifique "urgentemente y con la mayor transparencia y rapidez" el resultado del informe sobre el análisis de la subasta celebrada el pasado jueves y que ha sido anulada por el Gobierno.

Asimismo, ha pedido que se publiquen los nombres de los participantes en la misma y las condiciones en que se llevó a cabo, ya que, según ha indicado, "se están creando graves perjuicios de reputación y económicos a unas empresas que realizan una actividad vital para el país y que emplean alrededor de 180.000 personas". En opinión de Unesa, los problemas de la factura eléctrica se han producido hasta el día de hoy en la parte regulada del recibo y no en el precio de la energía fijado en la subasta.