MADRID. La legislación vigente establece que los porcentajes de reducción de jornada se enmarcan en una horquilla de entre el 12,5% y un máximo del 50%. Además, las cotizaciones se mantienen invariables durante los dos primeros años de reducción de jornada.
Este real decreto ley de medidas para favorecer al contratación estable y mejorar la empleabilidad, especialmente de los jóvenes incluye también otras medidas para impulsar el contrato a tiempo parcial, como ha explicado la ministra de Empleo, Fátima Báñez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Concretamente, se amplia el uso del contrato de apoyo a emprendedores para empresas de menos de 50 trabajadores a los contratos a tiempo parcial. Hasta la fecha sólo se podían realizar estos contratos a jornada completa. Además, se fomenta el contrato a tiempo parcial para trabajadores menores de 30 años con vinculación formativa.
UN MES DE PRUEBA EN TEMPORALES DE SEIS MESES
Por otro lado, el decreto limita a un mes el periodo de prueba en los contratos temporales de seis meses de duración, que antes no estaba regulado, al tiempo que se abre la puerta a realizar contratos de formación y aprendizaje en materias en las que no existe certificado de profesionalidad.
Según ha explicado la ministra de Empleo, España tienen una carencia "fundamental" en el ámbito de la contratación a tiempo parcial, ya que si esta modalidad supone el 14,6% de los contratos en España, este porcentaje supone el 20,9% en la media de la OCDE.
Dicho esto, ha señalado que "es el momento de dar una oportunidad a la contratación a tiempo parcial", como transición hacia una contratación estable, a lo que ha añadido que las modificaciones presentadas en este decreto hacen este contrato "más flexible y garantista".
LAS MUTUAS PEDIRÁN EL ALTA DEL TRABAJADOR
La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha informado hoy de que las mutuas harán un seguimiento de las bajas laborales desde el primer día y pedirán el alta cuando lo consideren oportuno, aunque el servicio público de salud tendrá siempre la última palabra al respecto.
En la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, Báñez ha destacado que el servicio público de salud dispondrá de un periodo de 5 días para decidir si da el visto bueno o no a esa solicitud y ha añadido que en el caso de que no haya respuesta se entenderá que el trabajador supera esa incapacidad temporal.
Así, la mutua adoptará el acuerdo de extinción del derecho y lo notificará al trabajador y a la empresa.
Esta es una de las normas incluidas en el anteproyecto por el que se modifica la Ley de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que, según Báñez, pretende mejorar la eficiencia en el control de las prestaciones, el absentismo, la mejora de la salud y la prevención de los riesgos laborales.
Las entidades colaboradoras se denominarán Mutuas de la Seguridad Social porque su ámbito de gestión va más allá de las prestaciones derivadas de las contingencias profesionales.
La ministra ha afirmado que el proyecto de ley clarifica el régimen jurídico de las mutuas, que está "muy disperso".
Con ello, se busca mejorar la eficiencia de los recursos públicos, ya que aunque las mutuas estén formadas por empresas de ámbito privado manejan dinero público.
Báñez ha indicado que otro de los objetivos de la nueva norma es mejorar la gobernanza y que, en línea con la ley de transparencia, habrá un control de los recursos de las mutuas y de los órganos de dirección.
En este sentido, ha asegurado que se controlarán también las retribuciones de los altos cargos y si se aprovechan los recursos ociosos de las mutuas.
Asimismo, ha recalcado que el 40 % de los recursos no se usan y que se pondrán a disposición de convenios que puedan llevar a cabo con las comunidades autónomas o con la sanidad privada para mejorar los servicios del sistema nacional de salud.
Además, ha subrayado que el proyecto de ley hace posible que una prestación como cese de actividad sea una realidad y se pueda recibir a lo largo del tiempo.
La ministra ha señalado que el 80 % de las solicitudes son denegadas y ha afirmado que ahora se cambia el sistema para dar esa prestación por la que cotizan los autónomos cada mes, lo que es, en su opinión, "un derecho".
Una de las novedades es la invitación al pago, de modo que si en la fecha del cese en la actividad, el trabajador no está al corriente en el pago de cuotas a la Seguridad Social, el órgano gestor le dará un plazo adicional de 30 días para que ingrese las cuotas debidas y no pierda la prestación.
Según Empleo, en 2012 las mutuas ingresaron más de 5.300 millones en concepto de cuotas por contingencias profesionales, más de 3.000 millones por contingencias comunes y más de 131 por cese de actividad.
El anteproyecto se enviará a los agentes sociales y a los órganos de informe preceptivo, como el Consejo Económico y Social, para que ofrezcan aportaciones al texto.
