BILBAO. La consejera de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno vasco, Arantza Tapia, se reunirá mañana con el ministro español de Industria, José Manuel Soria, para, -además de analizar la situación en los astilleros y las negociación con la Comisión Europea en relación a los plazos y cuantías a recuperar de los inversores por la aplicación del tax lease-, trasladar al ministro, la preocupación de la industria siderurgia vasca por los efectos negativos de la reforma energética que ha aprobado el Ejecutivo español ya que va a encarecer el coste de la energía y lastrar la competitividad de un sector que tiene que tirar de las exportaciones para sostener la producción y el empleo a la vista de la debilidad de la demanda interna española.

Energía cara La consejera vasca tiene previsto mostrar al ministro de Industria, Energía y Turismo la "preocupación" existente en el seno de las empresas industriales vascas, altamente consumidoras de energía, por la manera en la que les va a afectar la reforma, especialmente a la industria del acero.

Como se recordará, el Gobierno español aprobó a mediados del mes de julio el anteproyecto de la nueva ley del sector eléctrico para dar una solución definitiva al déficit tarifario y que supuso una subida del 3,2% del recibo a los consumidores desde el pasado mes de agosto. El Ejecutivo indicó que el sistema eléctrico sigue generando unos 4.500 millones de euros de déficit estructural. Los precios de la electricidad generada en España se mantienen estables en un escenario de caída de la demanda pues en los ocho primeros meses del año, corregidos los efectos del calendario y las temperaturas, el consumo eléctrico ha sido un 2,6% inferior al del año pasado.

En este contexto se celebrará la próxima semana la subasta Cesur entre comercializadores de último recurso para fijar el coste de la energía eléctrica dentro de la Tarifa de ultimo Recurso (TUR) para el cuarto trimestre. Los precios a futuro estables sugieren un resultado parecido al del trimestre anterior. Estos precios suponen el 50% del recibo de la luz porque el resto son los costes regulados y peajes fijados por el Gobierno que no los va a cambiar.