Vitoria. Las vacaciones fiscales, que fueron declaradas definitivamente ilegales en 2011, vuelven a entrar en escena hoy en Luxemburgo, donde arranca el juicio en el que la Unión Europea evalúa si la recuperación de las ayudas a empresas por parte de las tres diputaciones de la CAV ha sido realizada correctamente. Hoy tendrá lugar la vista oral, en la que los abogados de la Comisión Europea y del Estado español, que defiende a los tres territorios vascos, expondrán sus argumentos aunque la decisión del tribunal no se espera hasta dentro de un año.

Las denominadas vacaciones fiscales son unos incentivos facilitados a las empresas de nueva creación en la CAV en los años noventa y básicamente consistían en la exención del pago del Impuesto de Sociedades durante los diez primeros años de vida, si bien más adelante se aprobaron nuevas fórmulas de apoyo. Se calcula que se vieron beneficiadas unas 300 empresas. Ya anuladas en 200 por la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia de la UE confirmó su ilegalidad en 2006 ilegales y obligó a las haciendas vascas a recuperar todo el dinero. En el juicio que arranca hoy se decidirá precisamente si las tres instituciones forales han recuperado todos los incentivos y si se fija o no una sanción a España por el retraso en la devolución, multa que el Estado desviaría luego a Euskadi. La Comisión Europea pidió al Tribunal de la UE que impusiera al Estado español una sanción de 25.817 euros por día, a contar desde 2006, con lo que en principio la multa rondaría los 70 millones. Pero la Comisión también ha solicitado una multa de 236.044 euros por cada día que transcurra desde que pronuncie sentencia hasta que se acate, con lo que el montante de la sanción podría ser mucho mayor.

Bizkaia, Álava y Gipuzkoa, que en su momento defendieron la legalidad de las ayudas, aseguran que las empresas que se beneficiaron en su día de los incentivos ya las han devuelto, y así lo defenderán hoy ante el Tribunal europeo. Será la Abogacía del Estado quien lo haga ya que la sanción en primer lugar se impone a España, si bien también acudirán a Luxemburgo representantes de las instituciones vascas.

El diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, afirmó ayer que el gobierno foral afronta "con tranquilidad" la vista oral de hoy. "Estamos muy tranquilos porque creemos que hemos cumplido íntegramente los mandatos para la recuperación de esas ayudas", afirmó Bilbao en relación a las firmas de su territorio.

No obstante, el fallo del Tribunal de Justicia de la UE podría retrasarse hasta un año, dado que se trata de una decisión compleja sobre la que no hay jurisprudencia. El diputado general de Álava, Javier de Andrés, ha reconocido que lo más probable es que España no puede evitar la sanción, si bien considera que es el Ejecutivo español el que debe pagarla. Las tres haciendas han recuperado ya algo más de 530 millones de las empresas, aunque está por ver si es suficiente para evitar la multa.