vitoria. El Gobierno español se ha vuelto a quedar en otra reforma. En esta ocasión en su propuesta de desligar las jubilaciones del IPC para los trabajadores que se retiren a partir del próximo 1 de enero. Los sindicatos ya avanzaron el lunes que veían lejana la posibilidad de un acuerdo y ayer fue el turno de los partidos.
El PSOE aseguró que se opone de forma "clara y radical" al proyecto porque supondrá una "bajada real de las pensiones año tras año", mientras CiU mostró su "preocupación" por la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados. Aunque el PNV no se pronunció, el Gobierno vasco pidió una "reflexión" para "generar más recursos" para el sistema y evitar nuevos recortes a los pensionistas y la perdida de recursos que conllevaría la no revalorización de sus prestaciones. Así, el consejero vasco de Empleo, Juan Mari Aburto, situó la cuestión cerca de la negociación fiscal que mantiene su partido con el PSE. A su juicio, es necesario impulsar la economía para que haya más cotizantes, pero garantizar al mismo tiempo los ingresos públicos.
Amaiur también se puso en frente de las intenciones del PP y mientras CC.OO. y UGT se reafirmaban en su posición contraria, LAB calificó la reforma de "agresión" para las pensiones futuras y pidió un sistema público vasco de jubilaciones.
El Gobierno español, en boca del secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, mostró su voluntad de seguir trabajando para lograr un acuerdo, apeló a la responsabilidad de los agentes sociales y negó que el nuevo mecanismos vaya a suponer un recorte.
