madrid. El tema de las pensiones va a entrar definitivamente en el terreno electoral tras conocerse que el Gobierno español que lidera Mariano Rajoy contemplaría introducir una cláusula de revisión de las pensiones que impedirá futuras congelaciones por motivos económicos. Así se recoge al menos en el informe que, según la prensa madrileña, el Ministerio de Empleo dirigido por la ministra Fátima Báñez ha elaborado. En este documento también se propone que el factor de sostenibilidad entre en vigor en 2019. La aplicación de este factor haría que las pensiones bajasen al menos un 5% cada diez años.

La ligera mejoría experimentada por la economía española -con un auge de las exportaciones y la posibilidad de que gracias a las mismas y al turismo internacional, el PIB vuelva a tasas positivas este trimestre- parece haber dado fuerzas al Gobierno del Partido Popular para enfrentarse a las recomendaciones de la Comisión Europa y del Fondo Monetario Internacional para que ajuste el sistema de pensiones que, con el actual sistema de financiación, sería insostenible a medio plazo.

La soledad de Rajoy en un asunto de Estado dado que el PSOE se ha negado a sumarse al ajuste sin más y las malas perspectivas electorales del PP le han aconsejado no tomar una decisión escasamente popular en solitario, máxime si se tiene en cuenta que en teoría la misma se tiene que adoptar en el seno del Pacto de Toledo con todos los agentes sociales y políticos representados.

Como se recordará, el pasado mes de febrero el PNV registró junto a gran parte de la oposición (PSOE, CiU, Izquierda Plural y UPyD) un recurso de inconstitucionalidad, admitido por el Tribunal Constitucional en marzo, contra la decisión de no revalorizar las pensiones en base al IPC tomada por el PP a través del decreto de 30 de noviembre de 2012, de medidas de consolidación del sistema de Seguridad Social.

Al transmitir que no congelará las pensiones, el Ejecutivo de Rajoy se quiere desmarcar de la decisión del socialista Rodríguez Zapatero, que decidió congelar las prestaciones en 2011, tras la crisis de deuda pública. La decisión del actual presidente del Gobierno español entraría en contradicción con el dictamen que elaboró el comité de expertos el pasado mes de junio. El referido informe establecía una fórmula para revisar la cuantía de la pensión de jubilación en función de los ingresos y los gastos del sistema. De esta manera, se evitaría que las pensiones subiesen en los años en los que la economía estuviese en un periodo de recesión como el actual.

En todo caso, la iniciativa del Gobierno español no quiere decir que la pensión media vaya a subir automáticamente, ni que vaya a mantener el poder adquisitivo porque no congelar la pensión no significa que se incremente la misma en base al aumento del IPC que en estos momentos es del 1,5%. Además, las prestaciones que cobrarán los jubilados en el futuro estarán fundamentalmente vinculadas al factor de sostenibilidad intergeneracional, que se calculará en función de la demografía y de la esperanza de vida y que serán revisables cada lustro.