ALEMANIA. "Sólo con una estrategia de resolución más amplia se puede hacer frente a los retos que plantean los cambios en las circunstancias económicas de los prestatarios, los cambios sustanciales en el valor de los inmuebles y el posible resultado de hipotecas inviables, manteniendo al mismo tiempo incentivos apropiados tanto para deudores como para acreedores y reduciendo al mínimo el posible riesgo moral", señala la entidad en un documento emitido la semana pasada y firmado por el propio presidente del BCE, Mario Draghi.
No obstante, el instituto emisor considera que las modificaciones de la legislación hipotecaria y de ejecución hipotecaria previstas en este proyecto de ley "deberían basarse en un análisis pormenorizado de su impacto en el sistema financiero" y recomienda a las autoridades españolas "vigilar los efectos que las medidas previstas de protección de los deudores hipotecarios podrían tener en las provisiones y el cumplimiento de los requisitos mínimos de capital de las entidades de crédito".
En este sentido, el dictamen del BCE subraya que la ejecución hipotecaria debe considerarse "el último recurso", ya que, a su juicio, los prestamistas garantizados deberían estar interesados en evitarla, puesto que resulta costosa y generalmente produce menos ingresos que las ventas voluntarias si el hipotecante continúa cumpliendo todas o una parte acordada de sus obligaciones de pago.
De este modo, la entidad recomienda que los prestamistas garantizados adapten sus prácticas actuales de gestión de prestatarios incursos en incumplimiento a fin de evitar las ejecuciones hipotecarias, y que el marco regulador proporcione incentivos a todas las partes interesadas para que acuerden una reestructuración de deuda oportuna y razonable en caso de incumplimiento.
Por otro lado, "aun cuando debe aplaudirse el establecimiento de un fondo social de viviendas", el BCE señala que esta iniciativa debería ser parte de una estrategia amplia e integrada de gestión de las dificultades relacionadas con las hipotecas que permita un menor número de ejecuciones y una menor necesidad de un fondo social de viviendas.
