vitoria. El primer día de Arantza Tapia como consejera arrancó a primera hora de la mañana en la sede del Gobierno en Lakua, donde mantuvo un encuentro privado con su antecesor, Bernabé Unda, para acelerar el traspaso de poderes y de paso palpar de primera mano el terreno que a partir de ahora deberá liderar. Fueron un par de horas, que apenas dieron para mucho. Una radiografía superficial del estado del Departamento, su evolución en los últimos tres años y medio y una delicada carpeta con los asuntos más inmediatos. Con todo eso acudió minutos después hasta Ajuria Enea, donde juró cargo ante el lehendakari a media mañana como consejera de Desarrollo Económico y Competitividad.

Al margen de la conformación de su equipo, que Tapia quiere perfilar de forma "progresiva" a lo largo de los próximos treinta días, algunas decisiones deberán ser ejecutadas sin dilación. Ayer tuvo noticias de algunas de ellas sin anestesia previa. También en Álava, donde deberá gestionar a partir de ahora algunas patatas calientes heredadas del ejecutivo anterior. Probablemente la más polémica será la del fracking, el controvertido sistema de extracción de gas esquisto que se pretende utilizar en el subsuelo alavés. A pesar de que el Gobierno socialista ha concedido ya una serie de permisos para explorar este mecanismo en la zona de Subijana, existe ya en Álava una corriente social numerosa y extraordinariamente crítica con el fracking al considerar esta técnica una amenaza contra el medio ambiente. En estos momentos, según fuentes socialistas, la decisión de este ambicioso proyecto se encuentra en el Ministerio de Industria, que es quien debe concecer los permisos, o no, para continuar con las exploraciones. Al margen de esta decisión el nuevo Ejecutivo deberá asumir qué línea estratégica quiere tomar en relación con este asunto. Porque no hay que olvidar, según los datos facilitados por el exconsejero Unda, que de ser reales los guarismos que se manejan sobre las bolsas de gas existentes en el subsuelo alavés, Euskadi podría garantizar su suministro de gas no convencional durante los próximos 60 años.

Además de este espinoso asunto en Álava, también deberá hincarle el diente Arantza Tapia a otro proyecto, en su día estrella, que ahora, sin embargo, agoniza en el Parque Tecnológico de Álava. Se trata de la sede de Epsilon Euskadi, un centro de investigación privado de automoción de competición que presidió el ingeniero catalán Joan Villaldelprat y cuya pésima gestión abocó finalmente a la empresa a la bancarrota. Es, reconocen en el Gobierno saliente, uno de los marrones más "incómodos" de gestionar, ya que en su diagnóstico concurren el propio Gobierno Vasco -que en su día apadrinó con boato este proyecto-, las diputaciones, los ayuntamientos y las cajas vascas. De fracasar finalmente este proyecto, el coste para las arcas públicas podría ascender a los 30 millones de euros.

El túnel como gancho Por esta razón, y después de varias comisiones en el Parlamento tratando de esclarecer lo sucedido, el Gobierno solicitó al juez la inhabilitación de Villadelprat para administrar sociedades durante cinco años por el concurso de acreedores de Epsilon. La sociedad, actualmente en liquidación, se acogió a la protección judicial en otoño de 2011 con un pasivo cercano a los 50 millones. Inactiva y con un aspecto lamentable desde hace meses, el futuro de la modélica sede depende de un nuevo inquilino, un asunto en estos momentos altamente improbable debido al alto coste que eso supondría o, como mal menor, un desmantelamiento progresivo que facilite la liquidación de la empresa. En este sentido, el principal activo sería su túnel del viento, el primero de carácter comercial que existe en el Estado y que fue diseñado por la ingeniería vasca Idom. Esta modélica instalación, apadrinada entonces por Ana Agirre (PNV), estaba llamada a convertirse en un referente en la investigación aerodinámica. No es este el único problema en Miñano, ya que sobre la mesa de Tapia también existe un delicado dossier que afecta al proceso judicial en el que se encuentran varios de los miembros del consejo de administración del PTA, entre ellos, varios jeltzales. Su derivada política, pendiente de fallo, podría suponer un duro revés para el Gobierno.

A menor escala la nueva consejera deberá decidir, si es que procede, el futuro del edificio de La Azucarera, perteneciente a la Spri y prácticamente en desuso desde hace años. Salvo algunos eventos de carácter social y la presencia de firmas como Euve, la falta de ocupación en los últimos años ha sido predominante. En clave más estratégica deberán ser asumidas también las misiones comerciales con el tejido empresarial, la consolidación del acuerdo alcanzado con las patronales y cámaras de comercio así como el rediseño de la política industrial, en franca decadencia, y para la que ya no valen las recetas del pasado como las reestructuraciones o reconversiones de los ochenta