bilbao. La presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Garbiñe Biurrun, afirmó ayer que la sentencia que anula 60 despidos en la empresa Corrugados Azpeitia evidencia que los jueces "se han rebelado contra alguna pretensión de la reforma laboral" y que seguirán vigilando la proporcionalidad de los despidos. El TSJPV declaró nula la decisión de Corrugados Azpeitia de extinguir los contratos de 60 trabajadores de su plantilla en julio, al entender que la empresa incumplió de forma "grave e injustificada" la obligación de "negociar de buena fe".
Biurrun -redactora a su vez del fallo que anuló los despidos de la alavesa Laminaciones Arregui- explicó que la Sala, en su resolución, ha reprochado a la empresa que "se cerrara a negociar el número de los afectados por el despido". La magistrada valoró que esa resolución destacara "la trascendencia" que tiene la negociación en este tipo de procedimientos y la "obligación" de dialogar "de buena fe". Resoluciones como esa, apuntó, demuestran que la judicatura, en este caso la que ejerce en el País Vasco, "se ha rebelado contra alguna de las pretensiones de la reforma laboral, que era evitar el control judicial de los despidos".
La magistrada advirtió de la necesidad de abordar "soluciones al tsunami de conflictividad laboral que va llegar tras la reforma laboral de 2012", después de que el legislador facilitara en esa nueva ley que las empresas adapten las condiciones laborales a su situación económica o productiva en cada momento. "Se va a producir un deterioro terrible en las condiciones de muchos trabajadores que perderían muchos derechos" ya que, por ejemplo, las empresas podrían decidir si establecer el salario mínimo interprofesional, y todo ello implicará, ha vaticinado, "un aumento de la conflictividad laboral y social, naturalmente".
