Vitoria. Ni el IVA, ni el IRPF, ni la aministía fiscal. La cuentas no le salen al Gobierno de Rajoy, que no ha conseguido cumplir ninguno de los objetivos recaudatorios de sus modificaciones fiscales. El Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció ayer que el Estado ha recaudado 1.200 millones de euros gracias al controvertido programa de regularización de capitales. La cifra final es algo menos de la mitad de lo previsto, 2.500 millones. El error en la estimación pone en entredicho la efectividad del plan, pero Montoro cerró filas con la amnistía al defraudador precisamente en la Costa del Sol mañagueña, uno de los principales focos de informaciones sobre corrupción y blanqueo de capitales. Según los cálculos provisionales del Gobierno popular, el programa ha permitido un afloramiento de bases imponibles de al menos 12.000 millones de euros. Unos capitales que supuestamente empezarán a pagar a Hacienda a partir de ahora.
A juicio del ministro, "ha valido la pena realmente hacer una operación así en un momento como el que vive España" porque "permite recaudar mucho más en un momento vital para financiar correctamente los servicios públicos y conseguir alcanzar el objetivo de déficit público". El programa de regularización de capitales se cerró el pasado viernes en medio de una frenética actividad. El Ejecutivo español dejó de informar en junio sobre la evolución de la aministía y los funcionarios de Hacienda, que se convirtieron en la única referencia, cifraban en octubre la recaudación en un 5% en relación a lo previsto. Sin embargo, los ciudadanos con capital irregular han esperado hasta última hora para ponerse al día con el fisco y eso ha permitido salvar los muebles a Madrid. Así, la Agencia Tributaria ha recibido 29.242 declaraciones en noviembre, el 93% del total, frente a las poco más de 2.200 recibidas con anterioridad. El importe medio por declaración ha sido de 37.830 euros y se han recaudado por tanto 1.191 millones de euros. El programa parcial de aministía fiscal permitía la regularización de activos pagando un interés único del 10%, de modo que el volumen de bienes y rentas afloradas a ojos del fisco se acerca a los 12.000 millones de euros. Y esa es la cifra con la que se queda el Ejecutivo popular para celebrar su iniciativa, aunque estaba ideada para hacer visibles más de 25.000 millones de euros.
En cambio, la secretaria de Economía del PSOE, Inmaculada Rodríguez Piñero, anunció que su grupo pedirá la comparecencia urgente del ministro de Hacienda ante el Pleno del Congreso para que explique el "fracaso" de la amnistía fiscal, y avisó a los defraudadores que se han acogido a ella de que la historia "no acaba aquí" y tendrán que cumplir a partir de ahora con la Hacienda pública como el resto de ciudadanos. "Este ha sido uno de los capítulos más deshonrosos e inmorales del Gobierno del PP. La amnistía, además de inmoral e injusta, ha sido inútil y muy ineficaz. El objetivo de recaudación previsto en los Presupuestos de 2012 era de 3.200 millones, incluyendo las repatriaciones de beneficios en paraísos fiscales, y hoy Montoro, casi de escapadillo, dice que el objetivo ha quedado muy lejos de ser cumplido", dijo. La polémica regularización de activos será a corto plazo uno de los puntos de fricción política en el Estado, pero otro programa, que se cerró precisamente ayer, el Fondo de Liquidez Regional aventura también enfrentamiento.
rescates regionales El plazo para que las comunidades soliciten el rescate del Estado expiró ayer a las 00.00 sin que ningún otro gobierno regional se uniera a los nueve que ya han pedido la ayuda del Estado para hacer frente a las facturas de sus proveedores y a los vencimientos de sus emisiones de deuda. Aunque esas regiones había solicitado 16.900 millones de euros al FLA solo han recibido unos 12.800 millones. No se han consumido los 18.000 millones previstos pero el Gobierno de Mariano Rajoy ha habilitado para el próximo año una partida de 23.000 millones, centrada según explicó ayer Montoro en la financiación de los proveedores de las administraciones públicas. El president catalán, Artur Mas, aseguró que recurrirá de nuevo al FLA el próximo año y pidió a Madrid límites de déficit "justos" para no tener que recortar en el presupuesto de "temas básicos".