vitoria. Como la última ficha de la hilera del dominó, la única promesa electoral de Mariano Rajoy que resistía en pie cae empujada por el efecto contagio de la austeridad. Tras meses de evasivas, el Gobierno español al fin ha tenido que admitir que el ajuste del déficit golpeará de lleno a las pensiones, como antes lo hizo a las prestaciones de paro, al gasto en sanidad y educación o a los impuestos. Los jubilados no cobrarán la diferencia entre la subida del 1% que recibieron en enero y el alza de los precios a lo largo de 2012, el 2,9%, lo que para la pensión media de Euskadi supone perder casi 20 euros al mes.
No habrá por tanto revalorización de la nómina para los nueve millones de pensionistas del Estado español, a los que el Ejecutivo popular ha escondido la realidad hasta después de la ronda de elecciones autonómicas -País Vasco, Galicia y Cataluña- por su importante peso en las urnas. Pasados los test electorales y con la coartada de esperar a conocer el IPC de 2012 el Ejecutivo no tuvo problemas en reconocer ayer la realidad: no hay dinero en la caja. Una escasez de sobra conocida por el equipo de Mariano Rajoy antes de publicarse el dato de inflación. De hecho, el IPC adelantado de noviembre -es la referencia de 2012- que dio a conocer ayer por la mañana el INE, el 2,9%, abría la puerta a la revalorización. La diferencia a abonar, un 1,9%, unos 3.800 millones contando con la consolidación de la subida en la nómina de 2013, era sensiblemente menor a la esperada. El descenso de seis décimas respecto al IPC de octubre, gracias a la bajada de las gasolinas, reducía la factura de forma considerable. Pero la decisión ya estaba tomada. Al mediodía, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, explicó que el Gobierno "no puede" pagar la subida de pensiones ante la "difícil" situación económica. "No teníamos otra opción para cumplir con los objetivos de déficit", admitió.
4.000 millones de reserva Una maniobra política que los agentes sociales y la oposición se olían hace meses. Al margen de la moderación del IPC en noviembre, la carga era demasiado pesada para unas arcas en las que la entrada de ingresos, afectada por la subida del paro y la devaluación salarial, no cubre las salidas en constante aumento. Solo para pagar la nómina de diciembre a los jubilados, incluida la paga de Navidad, el Ejecutivo tendrá que echar mano de 4.000 millones de la hucha de reserva, prácticamente la misma cantidad que hubiese necesitado para pagar la revalorización con el IPC. Las urgencias apremian al equipo de Rajoy, que ya sacó de la hucha de las pensiones en octubre todo lo permitido en un año (el 3% del Fondo), por lo que ha tenido que modificar a través de un decreto la limitación para poder recurrir a la reserva cuando sea necesario, informó ayer Bañez.
La caja que paga las pensiones atraviesa un momento delicado, pero pese a los síntomas de debilidad los populares han dado toda clase de tumbos desde el verano para evitar reconocer que los jubilados perderán poder adquisitivo. Plantearon la posibilidad de incrementar las pensiones conforme a un IPC más bajo -a impuestos constantes-, incluso el ministro de Industria, José Manuel Soria, llegó a asegurar en una entrevista que sí se revalorizarían las pensiones con la inflación.
Finalmente se confirmó el golpe al bolsillo de los pensionistas, con una medida paliativa para quienes cobran menos de 1.000 euros al mes. El Gobierno ha decidido que la subida de enero de 2013 para éstos, cerca del 70% de jubilados en el Estado español, será del 2% en lugar del 1% previsto en los Presupuestos.
En realidad es una especie de parche, con un fuerte componente de maquillaje político, que aunque palía la pérdida de poder adquisitivo de este grupo a corto plazo puede volverse en su contra a finales del año próximo. La subida correspondiente a 2013 nada tiene que ver con la revalorización de 2012 -que se hubiera cobrado en el primer trimestre del año siguiente-, y por tanto el 1,9% perdido este ejercicio ya no se recupera. Lo que hace el Gobierno en enero es pagar por adelantado una parte de la subida total de 2013 a algunos pensionistas, que aún tendrían pendiente, como todos los años, la diferencia entre la subida de enero y el IPC de final de año.
El balance de 2012 concluye que los jubilados, mientras los precios han subido un 2,9%, su nómina lo ha hecho un 1%. Para la pensión media en el Estado, 835 euros, esto equivale a una pérdida de 15,8 euros al mes, y para la pensión media del País Vasco, 1.030 euros, de 19,5. En el caso vasco, además la subida del 2% en enero ampara a menos pensionistas al estar muchos sobre la barrera de 1.000 euros mensuales, lo que diluye el efecto de esta medida paliativa.
Así se derrumba la última gran promesa electoral del PP, no tocar las pensiones, como anteriormente lo hicieron otras como no subir los impuestos o no reducir el gasto en servicios públicos y prestaciones sociales. Ayer los reproches políticos no tardaron en llegar. Prácticamente todo el abanico político cargó contra la decisión del Ejecutivo popular, al que acusaron de "cruel" y de "jugar con los sentimientos" de los pensionistas. Los sindicatos estatales CCOO y UGT anunciaron además que estudiarán la posibilidad de iniciar movilizaciones.
