Vitoria. La caída de las ventas reduce la capacidad de maniobra de las empresas, que ven en el ERE de suspensión la primera parada en el trayecto hacia la supervivencia. Cuando ni siquiera dejando en casa a una parte de los trabajadores para hacer frente a la caída de la demanda se puede seguir adelante, el último recurso es el despido colectivo. La duración y la magnitud de la crisis, unidas a las facilidades que otorga a los empresarios la reforma laboral, está haciendo que ambas fórmulas estén a la orden del día. Las estadísticas hablan por sí solas: 27.679 trabajadores vascos estaban incluidos en un ERE en septiembre, casi el doble que en el mismo mes de 2011. Casos como el de Formica, en Galdakao, Corrugados Azpeitia o CIE Automotive, en Legazpi, recuerdan que detrás de un ERE hay cientos de personas que se ven abocadas a la cola de Lanbide o, en el mejor de los casos, a esperar hasta que vengan tiempos mejores mientras se consume el paro. Esta segunda fórmula, la del ERE de suspensión, sigue siendo la más utilizada por los empresarios vascos. Según los datos del Consejo vasco de Relaciones Laborales (CRL), los expedientes de suspensión afectaban en septiembre a unos 21.300 empleados, un 73% más que en el mismo mes de 2011.

Pese al importante incremento, en lo que va de año aún han aumentado más los ERE de rescisión, es decir, los que conllevan despidos. El número de afectados en la CAV hasta septiembre se ha disparado un 137%, hasta 2.562 personas. Los datos del CRL hacen referencia únicamente a los ERE remitidos al Gobierno vasco, sin incluir los despidos que se producen en forma de goteo en las pequeñas empresas ni los ERE que se envían al Gobierno español pero que afectan a empleados de la CAV, caso de aquellos que afectan también en otras zonas del Estado.

Aún así la comparativa sí es una muestra de cómo la utilización del ERE se está disparando a lo largo del año en la CAV, hasta elevar un 88,8% el total de afectados -hasta septiembre de 2011 eran 14.700-. Y es que a la recesión de la economía hay que sumar que desde febrero ya no hace falta que la administración dé luz verde a los expedientes. Ahora solo los tribunales pueden anular un despido colectivo o un ERE de suspensión o reducción de jornada si consideran que no existen razones económicas para ello. Como resultado, el número de vascos afectados por estas medidas crece de manera más incisiva desde marzo, primer mes completo con la nueva regulación laboral en vigor.

Otra muestra del delicado momento que atraviesa la economía vasca es el hecho de que la utilización de medidas de regulación crece más en el País Vasco que en el resto del Estado. Frente al incremento del 88%, el total de afectados en el Estado español ha aumentado el 53% en comparación con 2011. Durante los primeros años de crisis la empresa vasca resistió sin hacer ajustes de plantilla mejor que las de otros territorios, algo que se ha convertido en inevitable en muchas compañías tras cinco largos años de dificultades.