Vitoria. A pesar de los antecedentes, se presumía un Consejo Vasco de Finanzas tranquilo, casi de puro trámite; el último presidido por el gobierno socialista. Pero fue sólo un espejismo. La división entre el Gobierno Vasco y las tres diputaciones primero, y entre las propias entidades forales después, volvió a resultar evidente y la crispación se adueñó de un tenso encuentro que se alargó durante casi horas. Un hecho atípico y absolutamente excepcional en la historia reciente del CVF y en el que todas las partes se acusaron mutuamente de querer torpedear la cita. Tal fue el punto de animadversión que cada una de las comparecencias posteriores, cuatro en total, se produjeron por separado.
Lo que estaba llamado a ser un encuentro revelador con la fotografía real de la economía vasca -previsión de cierre de las cuentas de este año y estimaciones de recaudación para el siguiente-, se convirtió en una extensión de la campaña electoral recién terminada, con el consiguiente desgaste que esta falta de sintonía tendrá para el futuro Ejecutivo vasco, presumiblemente liderado por el jeltzale Iñigo Urkullu.
Ayer, dos días después de la celebración de elecciones, con prácticamente todas las fuerzas políticas en común acuerdo de remar en la misma dirección, a las primeras de cambio todo saltó por los aires, quedando demostrado que la unión política vasca, y mucho menos la fiscal, distan a día de hoy mucho de lo que Euskadi necesita para encarar el futuro con cierto optimismo. Por si fuera poco, el lehendakari, Patxi López, echó más leña al fuego desde Bilbao al considerar que el único propósito de Bizkaia y Álava durante el Consejo Vasco de Finanzas de ayer fue "debilitar la imagen de este gobierno".
El foco de la polémica En el fondo de la polémica, dos asuntos. Uno, la estimación recaudatoria prevista por las tres diputaciones para el año que viene. Y dos, la interpretación del cierre de las cuentas de 2012. En la primera, un frente foral sin fisuras acordó sin el apoyo del Gobierno Vasco una previsión de recaudación de 11.400 millones de euros, 716 millones menos de los previstos. El consejero de Economía en funciones, Carlos Aguirre, justificó la abstención de su Gobierno en este apartado al considerar "más bien poca" la recaudación estimada. A su juicio, a pesar de los 425 millones de más respecto al año anterior, "la previsión va a condicionar la prestación de servicios públicos y sociales, y va a obligar a cruzar determinadas líneas rojas, pero no queremos entorpecer", avisó.
El segundo punto de controversia, el verdadero origen del cisma, fue el cierre de la cuentas de este año. En concreto, si procedía repartir el dinero recaudado a las empresas vascas que han devuelto las ayudas de las denominadas vacaciones fiscales. Este año las diputaciones han recaudado 309 millones por este concepto: 209 millones en Álava, 80 millones en Bizkaia y 20 millones en Gipuzkoa, y de esta cantidad, las entidades forales deberán entregar el 70 % al Gobierno Vasco, esto es, unos 210 millones de euros.
Pues bien, Aguirre primero, y la portavoz en funciones, Idoia Mendia, después, defendieron la necesidad de incorporar esta cantidad en las previsiones de ingresos para este año, mientras que Bizkaia y Álava se opusieron sin éxito al entender que se trata de un ingreso "cautelar" y "poco prudente", ya que aún quedan asuntos derivados de las vacaciones pendientes de resolver en los tribunales europeos. La puñalada de Gipuzkoa, sin duda la menos afectada de las tres por esta cuestión, pilló con el paso cambiado, o no, a las provincias hermanas, y permitirá al gabinete en funciones de Patxi López disponer de 210 millones de euros extraordinarios de recaudación. "Quizá haya algún acuerdo político", sugirió con poco fundamento el diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, al respecto.
"sorpresa" en el gobierno En este contexto y ante una disparidad de criterios tan evidente, cada uno de los protagonistas contó lo sucedido a su manera. El Gobierno, que lo hizo en último lugar, mostró su "sorpresa" con Bizkaia y Gipuzkoa al asegurar que la decisión no les era ni mucho menos nueva. En concreto, tiró de acta para confirmar que en el CVF de octubre de 2011 ya se acordó que este dinero estaría sujeto a reparto en 2012, quedando planteada esta misma cuestión en la reunión de febrero de este año.
Las partes afectadas, sin embargo, insistieron en el "grave riesgo" que corren las cuentas de ambas instituciones si el dinero computado resulta luego que hay que devolverlo tras una sentencia desfavorable de la Corte de Luxemburgo. "Exactamente igual que nos ocurrió a nosotros con el caso Rover", apostilló Javier De Andrés.
Por si el discurso retórico y excesivamente técnico del consejero Aguirre no había aclarado las dudas, salió al paso la portavoz del Gobierno para explicar, con un lenguaje llano, el porqué de la decisión: "En las reuniones previas para preparar el Consejo nunca plantearon reticencias a este asunto, así que no entendemos ahora el repentino cambio de estrategia. Las diputaciones han ingresado ese dinero en 2012 y este año tienen que volcarlo".
Duras críticas Si moderada fue la comparecencia del diputado general de Álava (PP), mucho más abrupta resultó la de su colega en Bizkaia. José Luis Bilbao (PNV), "sorprendido" por el acuerdo entre Gipuzkoa y el Gobierno, aseguró que va "en perjuicio" de las instituciones vascas y criticó al Ejecutivo de Patxi López de querer "maquillar" el cierre de las cuentas. El diputado general de Bizkaia justificó su rechazo a repartir el dinero procedente de las vacaciones fiscales a un ejercicio de "prudencia", ya que "está sujeto a litigio" en los tribunales europeos y podría tener que reintegrarse a las empresas. Después de calificar la reunión como "lamentable", criticó abiertamente al Gobierno por no haber respaldado la previsión para 2013 y por su "actitud penosa" al "dar directrices presupuestarias para 2013" y al plantear un fondo de innovación para los años 2013-2017. "Un Gobierno en funciones no está legitimado para presentar proyectos a largo recorrido", dijo.
Sobre este asunto, el consejero en funciones destacó que las directrices se han presentando porque el Gobierno tiene la obligación legal de marcar unas pautas en función de las fijadas por el Gobierno central. "Ahora, que no quieren fondo, pues no hay fondo. Me daría mucha pena que no continuase porque éramos la envidia de Europa", abundó.
Javier de andrés Por su parte, el diputado general de Álava, Javier de Andrés (PP), consideró que "lo procedente" hubiera sido no tener en cuenta el dinero de las vacaciones fiscales porque "podrían ser de obligada devolución a las empresas". Por ello, defendió la necesidad de actuar "con rigor y prudencia" en lugar de pretender "salvar las cuentas". En cambio, su homólogo de Gipuzkoa, Martín Garitano (Bildu), justificó su apoyo a la propuesta del Gobierno en la "coherencia", ya que han trabajado bajo la premisa de repartir ese dinero "desde el principio". En esta línea, la diputada guipuzcoana de Hacienda, Elena Franco, consideró que una hipotética sentencia europea en la línea de devolver el dinero a empresas acogidas a incentivos fiscales afectaría como máximo al 10 % del dinero recaudado. "Entendemos que es un riesgo asumible", dijo.
