Vitoria. Cartas boca arriba. El Gobierno Vasco decidió retrasar la celebración del Consejo Vasco de Finanzas para no asumir el coste político que supondría hacer público el desajuste presupuestario que sufrirá Lakua a causa del descenso de recaudación. Esa es la conclusión a la que llegaron ayer los partidos en el pleno extraordinario de la Diputación Permanente convocado para forzar a Patxi López a cumplir con la Ley y celebrar antes del 15 de octubre el Consejo de Finanzas. Según los datos que han cruzado las diputaciones las últimas semanas, las haciendas vascas recaudarán 791 millones menos de lo previsto, una caída del 6,5%. Esa cifra debilita de forma severa los flujos de dinero hacia el Ejecutivo vasco y supondrá un déficit automático de casi 554 millones de euros. A esa cifra hay que sumar los 600 millones menos que ya ha recibido de menos este año a cuenta de la caída de la recaudación, así como los 500 millones en los que ha aumentado el pago de deuda a asumir en 2013. Sumando todos esos conceptos, los presupuestos del próximo ejercicio nacerán viciados por un lastre de 1.654 millones de euros. Es decir, el nuevo Ejecutivo tendrá que afrontar un agujero de un 15%.
Tomando como referencia el presupuesto en curso, 10.500 millones, que dedica algo más de 5.200 millones de euros a gastos de personal y que tendrá técnicamente de partida una carga negativa de 1.650 millones de euros, el Ejecutivo que tome cuerpo después de las elecciones del próximo 21 de octubre tendrá las manos atadas a la hora de activar políticas de estímulo de la economía.
El pleno extraordinario del Parlamento fue reflejo de la soledad de los socialistas en esta cuestión y un refuerzo para quienes llevan semanas defiendo que la decisión de Patxi López de aplazar el CVF tenía una clara orientación electoral. Si el encuentro se hubiera celebrado en plazo, antes del 15 de octubre, el PSE habría estado forzado a asumir el agujero y presentar un plan, o como mínimo establecer unas pautas básicas, para minimizar su impacto en los próximos presupuestos. En otras palabras, defendería en plena campaña la necesidad de activar nuevos recortes. El retraso hasta el 23 de octubre, apenas dos días después de unas elecciones en las que los socialistas parten muy retrasados en las encuestas, deja en el campo del próximo lehendakari cualquier medida impopular. También le condena a convivir con un déficit extra.
La luz -o seguramente la oscuridad- que arrojan los datos que han intercambiado las diputaciones las últimas semanas marcó el debate parlamentario. El portavoz económico del PNV, Ricardo Gatzagaetxebarria, como representante del partido que presentaba la iniciativa que instaba a López a convocar en plazo y forma el CVF, lideró la reprobación del parlamento a un Ejecutivo que volvió a quedar en evidencia por su minoría y por, según se le reprochó, su resistencia a reconocer que la situación financiera del Ejecutivo bordea el colapso.
La Diputación Permanente aprobó con el apoyo de todos los partidos y con el desmarque de los socialistas una propuesta del PNV que exige al Gobierno autonómico celebrar antes del 15 de octubre la reunión en la que las diputaciones y el Departamento de Hacienda fijan las bases de sus presupuestos y de los de los ayuntamientos. El consejero de Economía, Carlos Aguirre, anunció hace unas semanas su decisión de aplazar el encuentro más allá de la cita electoral. Esa iniciativa ha contado desde el inicio con el rechazo de las diputaciones y del resto de partidos, pero el Ejecutivo vasco ha mantenido contra viento y marea su posición.
La decisión de la Cámara no es vinculante y como ha ocurrido milimétricamente en cada ocasión que la reprobación ha sido formal López ha mirado a otra parte. La táctica para hacerlo en esta ocasión ha sido desdeñar la importancia de la reunión del CVF. Según defiende el Departamento de Hacienda, el retraso de casi diez días no supone ninguna rémora en la elaboración de los presupuestos de las administraciones vascas, pero las diputaciones ya han advertido que los plazos juegan en contra, que no podrán diseñar sus cuentas antes del 1 de noviembre como marca la Ley y que la sombra de la prórroga presupuestaria es cada vez más alargada.
Tras afinarse las previsiones de recaudación de este año en las reuniones previas al CVF y hacerse público el proyecto de Presupuestos del Estado, las administraciones vascas cuentan ya con dos de las tres premisas que guían sus cuentas. Sólo falta por desvelarse las previsiones de crecimiento de la CAV y es precisamente el Ejecutivo el que tiene que elaborar esa variable. Es el dato, al que las administraciones vascas se refieren en sus conversaciones internas como a la ‘cifra’, la base de todo el entramado institucional porque tras hacerse pública se completa el puzzle y es posible avanzar en el diseño presupuestario. ¿Por qué oculta López la ‘cifra’? Las diputaciones sospechan que no ha querido retratarse junto a la desviación entre el 1,3% de crecimiento previsto para este año por el Gobierno Vasco y el dato real, y el negro panorama que dibujarán las estimaciones de 2013.
