vitoria. La lucha contra el paro está a punto de convertirse en una prioridad para el Gobierno de Rajoy. Y no precisamente por el drama que sufren las más de 4.600.000 personas sin empleo registradas en las listas del Sepe, el antiguo Inem, y sus familias sino porque el desempleo ha roto todas las previsiones y también el gasto destinado a pagar el seguro del paro. Está en juego el objetivo del déficit, el gran tótem de la política del PP. Cumplirlo es la única prioridad de Rajoy y para hacerlo no se descarta nada, ni siquiera congelar o volver a bajar las pensiones. La ley del silencio se impone, el Ejecutivo español no se pronuncia oficialmente al respecto y la indefinición alimenta más el ajuste de las pensiones.
Más después de que el ministro de Economía, Luis de Guindos, haya afirmado esta semana que si la situación no mejora sustancialmente los próximos meses será necesario hacer nuevos recortes.
El desajuste tiene una segunda derivada, que también añade tensión al cumplimiento de los límites de deuda impuestos por Bruselas. Cada vez hay menos personas trabajando y más cobrando una pensión. Los datos de agosto, conocidos esta semana, son demoledores. Hay 2,39 trabajadores por cada pensionista. Es el dato más bajo de los últimos años y lo preocupante es que no hay ningún indicio de mejora. Al contrario.
En los siete primeros meses del año se han gastado 18.456 millones de euros en prestaciones de desempleo, un 5,4% más que el año pasado, cuando el Gobierno estimó a la hora de realizar los presupuestos en curso que la cifra bajaría un 5% durante este ejercicio. El sobrecoste supera ya los 2.000 millones y crece en 300 millones cada mes. Al ritmo actual la desviación será de unos 3.500 millones en diciembre y si no se produce un cambio radical de tendencia, el agujero ya superará, por ejemplo, todo el dinero extra que el Estado estima que ingresará con la subida del IVA, unos 2.300 millones.
Mientras tanto ha continuado creciendo el número de parados porque las estrecheces del mercado laboral están expulsando a personas que en circunstancias normales seguirían trabajando. Y al haber menos cotizantes se emborrona la irreprochable trayectoria de la caja de las pensiones. Por primera vez en la historia, el Gobierno español ha tenido que recurrir a uno de los fondos de ahorro de la Seguridad Social, el que engordan las mutuas de accidentes, abriendo la puerta a recurrir a la hucha principal de las pensiones para pagar a los pensionistas la paga extra de Navidad.
La mayor parte del Fondo de Reserva, casi 65.000 millones, está invertido en activos financieros -incluida deuda nacional-. En la caja solo están disponibles 963 millones, por lo que incluso se podrían generar nuevos problemas de tesorería. Lloverá en ese caso sobre mojado, porque la senda alcista en la avanza el IPC provocará a su vez un gasto extra de en torno a 4.000 millones de euros como compensación a los jubilados por el aumento del coste de la vida. Los precios pueden alcanzar en noviembre la cota del 3% y es precisamente ese mes el que se utiliza para ajustar las pensiones. Las pensiones solo subieron un 1% en enero y la desviación supondría un 2% extra en unos presupuestos de economía de guerra y con el estricto corsé del déficit.
El ajuste de las pensiones con el IPC es casi la única gran promesa electoral que mantiene el PP. Es además una materia muy sensible para cualquier partido y más para uno al que se le supone un electorado ya con cierta edad. Por ese motivo no ha dudado en plantar batalla a uno de los poderes económicos del país, las petroleras, para forzar una rebaja del precio de la gasolina. Los carburantes son el sumidero por el que eliminan las esperanzas de controlar la inflación y contener el gastro extra que supondrá la compensación de las pensiones. La ofensiva ha cobrado protagonismo esta semana y Madrid no descarta nada, ni siquiera subir los impuestos para limitar los beneficios de las compañías y obligarles a bajar los precios de las gasolinas.
el rescate El anuncio de la intervención del BCE le ha dado un respiro a Rajoy, que tiene ahora tiempo, muy limitado eso sí, para decidir cuando pide el rescate. España tendrá que asumir en octubre un vencimiento de deuda de 24.000 millones de euros. Pero también afronta unas elecciones clave en Galicia y en Euskadi, lo que le obliga a mantener el equilibrio. El secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, ha descartado de raíz esta semana cualquier posibilidad de acelerar la entrada en vigor de la jubiliación a los 67 años, prevista para 2027. Ha sido también quien ha dejado entreabierta la hucha de las pensiones y meterá la mano en diciembre si como todo apunta no hay dinero para pagar la extra de las pensiones.
Las consecuencias serán más estéticas que económicas. En la hucha hay a día de hoy 65.830 millones de euros y la extra de Navidad se llevaría menos del 10%. El problema quedaría sin embargo al desnudo. El número de trabajadores en activo registrado en agosto es ligeramente superior al de diciembre de 2003, pero entonces había casi un millón menos de pensionistas. En 2007 había dos trabajadores y medio por cada pensionista. Hoy solo cotizan por su trabajo dos personas por cada pensionista.
Y el margen para mejorar esa relación es mínimo. En plena recaída en la crisis, el paro continuará creciendo. Cada vez habrá menos afiliados a la Seguridad Social trabajando -en torno a 2,7 millones de cotizantes lo hacen desde el desempleo-, más pensionistas cobrando lo que les corresponde del sistema y continuará creciendo el gasto en el seguro del paro. La inestabilidad de la situación queda en evidencia tras haberse ejecutado en siete meses el 65% de todo el presupuesto anual de prestaciones de desempleo o porque de los 28.505 millones estimados solo 13.307 estén consignados en las Cuentas del Gobierno español mientras que el resto, 15.196 millones, está previsto desviar de las propias cotizaciones de la Seguridad Social, que cada vez tiene menos ingresos.
los recortes de rajoy
Hay 2,30 trabajadores por cada pensionista, el ratio más bajo de los últimos años y además no hay visos de mejora
El ajuste de pensiones con el IPC es casi la única gran promesa electoral que aún mantiene el PP
Todo pendiente del déficit
Hay que leer entrelíneas para cogerle el pulso al Ejecutivo español en el tema de las pensiones. Rajoy rehuyó el lunes de concretar su posición durante su primera entrevista en TV como presidente del Gobierno. ¿Congelará o bajará las pensiones?, se le preguntó, pero la respuesta no fue tan clara: El único objetivo irrenunciable del PP es el del déficit, todo lo demás, incluidas las pensiones, se ajustará en función de cómo evolucione ese frente. El ministro de Economía, Luis de Guindos, dio otra pincelada en esa misma dirección el miércoles en el Congreso cuando aviso del riesgo que corren las prestaciones sociales. Si la economía no recobra el pulso en el último semestre del año y mejora por tanto la recaudación fiscal de las administraciones, será "imposible" mantener el actual nivel de protección a los ciudadanos. En ese paquete de asistencia están las pensiones e incluso las propias prestaciones por desempleo. El Ministerio aseguró después que de Guindos no acudió a las Cortes con la idea de lanzar ese mensaje catastrofista. La cuestión surgió de forma natura en su descripción de la compleja situación financiera de España.
